Los precedentes no invitan a pensar que, en una próxima asamblea, Josep Maria Bartomeu y su junta directiva puedan sacar adelante un cambio financiero del Espai Barça, sobre todo porque implicará un aumento colosal de la deuda bancaria y una renuncia a los beneficios de la explotación del nuevo Camp Nou calculados en su día. Aquel tren descarriló hace tiempo. Ahora urge ultimar un plan que, a falta de un milagro, sólo pasa por la devastación de los acuerdos de financiación aprobados en el referéndum de 2014, un extremo que faltará certificar como legal y que, seguro, comportará contestación social y probablemente impugnaciones ante los tribunales.
Más allá de este escenario, la probabilidad de que la actual junta pueda controlar una asamblea de compromissaris tan espinosa y complicada parece hoy por hoy fuera de su alcance. En las dos últimas (2018 y 2019), la mesa ha quedado del todo superada por la reacción de la sala, con un balance de tres propuestas de la junta derrotadas, aquellas que, fuera del ámbito ordinario de la liquidación de la temporada cerrada y los presupuestos, tenían que ver con la sensibilidad y la conexión con los socios.
Hace un año, la junta no sacó adelante dos propuestas, el cambio de escudo y la ampliación del margen de endeudamiento bancario. Esta vez, como resultado de una ceremonia de la confusión sin precedentes, ni el socio Víctor Font ni la directiva consiguieron aprobar una reforma estatutaria para incluir el voto electrónico obligatorio en las elecciones a junta directiva.
El socio asistió, sorprendido, a una presentación de la propuesta social de Víctor Font, lógicamente favorable, y a una exposición de la junta, por boca de su secretaria, Maria Tejedor, en la cual desnudó la inconsistencia, carencia de garantías y riesgos inalcanzables del voto electrónico hoy en día, para acabar anunciando que la directiva, igualmente, votaría a favor. Tal fue el impacto, desconcertando y caótico, que la propuesta no obtuvo los votos suficientes para ser incorporada a los estatutos. Fuentes de la junta se limitaron a justificar lo que pasó por el hecho de reflejar la voluntad del socio. Eso sí, después de recibir críticas de la platea para no posicionarse en un sentido o en otra estela los compromisarios sin una referencia.
Acumulado al desastre de la anterior asamblea, el mal regusto asambleario influirá para que nuevamente la decisión final sobre el Espai Barça se retrase o corra el riesgo de caer estrepitosamente en la presunta asamblea extraordinaria que la junta quiere convocar para obtener la financiación crediticia imprescindible, por encima de los 600 millones de euros.
