La línea 9 del metro de Barcelona acumuló durante los primeros 14 años de construcción un sobrecoste de 5.000 millones de euros, que elevó su importe final en 2016 hasta los 6.914,47 millones de euros, un 251,5% más que los 1.967,46 millones de euros inicialmente previstos, según la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
Un informe de este organismo auditor concluye que entre 2002 y 2016 se adjudicaron para esta obra 1.093 contratos valorados en 13.102,80 millones de euros, entre los que ha detectado irregularidades. Por ejemplo, refleja que algunos expedientes adjudicados no incluyen justificaciones para las puntuaciones dadas por los licitadores y, en otros casos, justificaciones inconcretas.
En particular, el informe destaca la contratación de la asistencia técnica para la ingeniería de integración de los sistemas e infraestructuras de la línea, una adjudicación de 2011 recibida por una unión temporal de empresas (UTE) en la que participó una sociedad que tenía como administrador a Joan Lluís Quer, entonces presidente de Infraestructures.cat, la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat, quien fue investigado por adjudicaciones irregulares en el caso de la Agencia Catalana del Agua y está imputado en el caso del 3%. La Sindicatura considera que esta contratación puede haber transgredido la ley de contratos del sector público.
Además, el informe señala la existencia de un «fraccionamiento indebido» de contratos en una decena de expedientes adjudicados entre 2009 y 2010, así como de modificaciones de aspectos esenciales de los contratos y de una falta de acreditación razonada del interés público en algunos casos.
El año de finalización de la L9 originalmente previsto era 2007, pero aún no se ha completado.
