El Juzgado de Instrucción número 2 de Girona acaba de recibir un informe de la Agencia Tributaria que denuncia desvíos de fondos en la empresa que gestiona el abastecimiento del agua en el municipio, en un periodo que incluye los años en que Carles Puigdemont era el alcalde de la ciudad, del 2011 al 2016, según El Confidencial.
La empresa objeto de la investigación es Agissa SA, participada al 20% por el consistorio gerundense, con los ayuntamientos de Salt y Sarrià de Ter, y al 80% por la firma privada Girona SA. Las irregularidades habrían empezado en 1998, y según Hacienda siguieron durante el mandato del actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, con su presunto conocimiento.
Los investigadores tienen indicios que los movimientos de dinero también podrían encubrir otro caso de financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), ahora PDECat, partidos en los cuales ha militado y milita Puigdemont. El nuevo informe pericial ha sido enviado a Girona desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Vendrell. El juez de Vendrell, Josep Bosch, lo pidió a Hacienda en octubre pasado.
La petición se hizo a raiz de que los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso del 3% de CDC detectaran conversaciones telefónicas sobre anomalías en Agissa y accedieran a auditorías que cuestionaban el procedimiento que utilizó Girona para renovar la concesión de esta empresa en 2013, con Puigdemont en el ayuntamiento.
El caso se abrió después de una querella de la CUP contra directivos de Agissa por el presunto trasvase irregular de fondo desde la parte pública de la empresa a la parte privada (Girona SA). Actualmente se encuentran imputados por administración desleal y apropiación indebida el consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narciso Piferrer, y su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos.
En 2013, después de la aparición de noticias que denunciaban las irregularidades, el gobierno municipal de Puigdemont cambió el sistema el reparto de dividendos, pero generando un agujero más grande. Hacienda denuncia que durante el mandato de Puigdemont «se modifica la proporción de reparto a favor de los ayuntamientos. (…) pasan a percibir casi medio millón de euros más al año, al doblar-sin ninguna lógica económica- el importe a percibir por el canon derivado del alquiler de las instalaciones municipales de la red de abasto, cargando así a Agissa y al consumidor final (…) Mayor importe de las tarifas que no va a determinar una mejor calidad del servicio, puesto que se disminuyen notablemente las inversiones en mejora de las instalaciones».
Girona SA pasó a recibir miles de euros por los intereses de un crédito que concedió a Agissa a un tipo fuera de mercado del 12%. El préstamo tenía como objetivo mejorar la situación financiera de Agissa que había generado la propia Girona SA, pero empeoró todavía más.
Hacienda considera que, «si no hubieran pasado todas estas actuaciones irregulares, entre otras posibilidades, el neto de Agissa podría ser muy superior a los 10 millones de euros». Según sus técnicos, hay «diferentes y variados indicios» que «a lo largo de todos estos años, los responsables de los ayuntamientos no sólo habrían dejado de ejercer las funciones de control procedentes sobre las actuaciones de Girona SA y Agissa, sino que habrían tenido conocimiento de estas actuaciones en cada momento». Hacienda apunta directamente a los «órganos de gobierno de los ayuntamientos», a destacar el de Girona.
Se apunta que los motivos que explicarían la connivencia del gobierno municipal de Puigdemont con estas presuntas irregularidades hay que buscarlos en el informe elaborado por la Guardia Civil el pasado octubre en el caso del 3%. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado añaden que, además de las irregularidades en la gestión del servicio del agua, se han detectado pagos desde Girona SA a la agencia AMR Publicidad SL entre 2010 y 2015 por valor de 138.090 euros.
