La Fiscalía y las acusaciones de Ecologistas en Acción y Greenpeace todavía esperan una respuesta del juzgado de Gandesa sobre los recursos que presentaron contra el archivo provisional, en octubre de 2015, de la investigación sobre el escape de partículas radiactivas de la central nuclear de Ascó, que tuvo lugar en 2007.
Consideran que se privilegió el contenido de los informes facilitados por los investigados, que minimizaban el riesgo, en detrimento de otros que aportan conclusiones discrepantes. Añaden que la existencia de un riesgo provocado por el escape en ella misma sería constitutiva de delito. «Lo que no se puede hacer en ningún caso es dar más credibilidad a uno que a otro y archivar», ha explicado a la ACN Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción.
El Fiscal de Medio Ambiente de Tarragona, Ignacio Monreal, señala que el juez malinterpretó o ignoró los argumentos de la acusación. Tanto la Fiscalía como los ecologistas señalan que el archivo no se puede sostener argumentando inexistencia de resultados sobre las consecuencias del escape ni por falta de cuantificación de la radiación emitida. Además, han pedido reiteradamente al juez que solicite un informe a un organismo independiente internacional.
