Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), especializado en estudios sobre la vivienda desde la perspectiva de la financiación. También en políticas y movimientos sobre la vivienda. Fundador y activista del Sindicato de Inquilinos de Madrid. Acaba de publicar Generación inquilina (Capitán Swing).
¿Qué se entiende por «generación inquilina»?
La generación inquilina es un grupo social que nace en 2008, con las generaciones más jóvenes. A medida que van envejeciendo se van consolidando como generación inquilina. El acceso a la edad adulta no significa dejar de ser inquilino. Además, las nuevas generaciones se van sumando a este grupo social. Es decir, cada vez hay más personas que no tienen acceso a la propiedad inmobiliaria en el lugar donde viven. Desde 2008 en adelante, se empieza a romper la sociedad de propietarios. Se dispara una demanda especulativa de vivienda para inversión. Se compran las viviendas para obtener beneficio, no para vivir en ellas. Hasta entonces, era una demanda residencial. Así, la crisis no surge porque no haya viviendas, sino porque inversores privados se están quedando con estas viviendas.
¿Cómo se gesta este monstruo, que ya se considera como el principal problema social no sólo en nuestro país, sino también en muchos otros?
Desde aquel año 2008 hay una crisis de rentabilidad a nivel mundial. Todo el dinero especulado, que no encuentra mercados donde refugiarse, se dirige al sector inmobiliario. Se invierte en vivienda con la finalidad de obtener un beneficio muy alto. Es un fenómeno que va generando una fuerte concentración de la propiedad. En el caso español, vemos que, desde 2008 hasta 2024 no sólo hay más población que no tiene vivienda, sino que también se reduce la población con una única vivienda. En cambio, cada vez hay más personas, más entidades, que tienen muchas viviendas. Es un proceso de concentración de riqueza. Algo que ha hecho que crezca la desigualdad.
¿Qué magnitud alcanza a día de hoy la acumulación de riqueza por la vivienda?
Así empieza el libro. Equivale a cinco veces el valor de las grandes tecnológicas, mucho más que todo el oro extraído, que todo el petróleo que queda por explotar, y que el de los títulos de deuda. Hay mucha riqueza, mucho dinero depositado en el mercado inmobiliario.
¿Esta crisis de la vivienda no tiene mucho que ver con el mismo desarrollo capitalista, donde el mercado se ha instituido en referente absoluto?
Hablo del sector como de un capitalismo rendista: no articula la economía y la política en torno a la producción de mercancías, la explotación de la fuerza de trabajo por el capital, sino que, cada vez más, los esfuerzos van dirigidos a controlar y poseer activos, de los que se espera que se lleguen a vender por un precio más alto en el futuro. La intervención del Estado y de las instituciones políticas y económicas van en esa dirección.
En cualquier caso, ¿sería contradictorio reclamar políticas públicas en vivienda, cuando todo tiende a regirse por el «turbocapitalismo», que diría Fusaro?
Por eso planteo un nuevo paradigma de la vivienda. Algo que, en términos técnicos, es posible, pero que hay que impulsar. Para ello necesitamos inversión pública, banca pública y planificación democrática de la economía. La lucha por la vivienda debe ser la base de una transformación social y política que trascienda la propia vivienda. La vivienda no es solo un hogar, es un seguro ante la vejez, el desempleo… Llegar a hacer que la población se sienta orgullosa de vivir en una vivienda pública. Y eso habría que extenderlo a otros ámbitos sociales, a los cuidados…
En este sentido, como en casi todos, ¿no se echa en falta una batalla ideológica, cultural, política, dirigida a ir revirtiendo la percepción que tenemos de las cosas y de nosotros mismos, a favor de lo público? ¿No es chocante, digamos, la dejadez de los partidos de izquierda y los sindicatos en este terreno?
En 2008 hubo un golpe de estado financiero. Desde entonces nos hemos adentrado en el paradigma rendista. Todo va dirigido a que suban los precios de los activos y, en concreto, el precio de la vivienda. En este sentido, los gobiernos intervienen en la economía no para garantizar el bienestar de la población, sino para favorecer las rentas, los beneficios de los rendistas. En esto nos encontramos ahora, en una lucha entre unas oligarquías que controlan los fondos buitre, ante una población que busca la manera de democratizar el sistema inmobiliario como factor estratégico de democratización de la economía.
¿Se parece nuestro entorno global y, concretamente, el europeo a la situación de la vivienda en España?
El modelo chino funciona con dos formas de planificación. Una genera desarrollo económico, y la otra sólo rentas. Algo que está teniendo cierto éxito frente al modelo occidental, donde no es cierto que los Estados no intervengan, sino que lo hacen más, pero a favor del mercado. Hay una especie de resurgimiento del capitalismo de Estado, que establece políticas que favorecen la generación de rentas. Se nos venden como imposibles cosas que son de lo más comunes en otros contextos. Por ejemplo, en Francia, Alemania, Suecia, Noruega… existen los alquileres indefinidos, los precios están controlados… Y, aun así, son países que tienen una tradición de políticas y de vivienda muy garantistas, donde se puede vivir de una manera digna de alquiler. Sin embargo, estos países también se enfrentan a un resurgimiento del rendismo. En paralelo, también aparecen nuevos movimientos, formas de lucha, como es el caso de Berlín. Hace unos años se celebró un referéndum que planteaba expropiar a grandes propietarios, y lo ganaron.
¿Cuál es el perfil del ámbito público en la vivienda, que tan masivamente se experimentó en países como Francia, con el modelo de las HLM (Habitation à loyer modéré)?
En España, la vivienda pública es sólo para la población más empobrecida. Hay muy poca. Necesitamos modelos como el de Viena, donde la población vive de manera orgullosa en viviendas de titularidad pública, que no son sólo para los más pobres, sino para todos. Es necesario crear un fondo de inversión público no para especular, sino para sacar vivienda del mercado especulativo, reducir la rentabilidad del negocio, y cuidar el patrimonio de vivienda pública.
¿Por qué los grandes sindicatos y otras entidades sociales se muestran más bien tímidos, o poco inclinados a promover, por ejemplo, las cooperativas de vivienda?
El cooperativismo funciona poco, porque es muy difícil. Lo hace un poco más en Cataluña, porque hay ayuda pública: suelo, financiación… Si el Estado no da un paso adelante para ayudar, la iniciativa cooperativa es imposible. La rentabilidad del sector es ahora desorbitada. El Estado podría operar para hacer bajar los precios. Crear un contrapoder ante los especuladores, que salen huyendo cuando disminuyen las expectativas de negocio.
¿Los fondos buitre han venido para quedarse, e ir a más?
Blackstone es el propietario más grande de vivienda de España. Puede dar una idea de sus beneficios el hecho de que las viviendas compradas en 2013 por 68.000 euros las están vendiendo ahora por 300.000. Esta rentabilidad no la ofrece ningún otro mercado. La espectacular intervención de Rajoy en el mercado inmobiliario, desde muchos frentes (Sareb, socimis, reforma de la ley de arrendamientos urbanos, visado de oro…), creó condiciones óptimas para la especulación. Y eso que hay que revertirlo de lleno.
