La concesión de la semilibertad a Soledad Iparraguirre —Anboto—, exdirigente de ETA, obliga a decir las cosas por su nombre antes de cualquier matiz: ETA fue una organización terrorista que asesinó, extorsionó y sembró miedo durante décadas. Iparraguirre formó parte de su dirección y está vinculada a varios asesinatos. Dicho esto, todo lo que venga después solo tiene sentido si no olvidamos esto primero.
Entiendo, e incluso comparto emocionalmente, la indignación de muchas víctimas. No es una indignación teórica ni política: es personal. Es el recuerdo de quien no está, de quien no volverá, de quien no podrá salir nunca en régimen de semilibertad. Este malestar no se puede banalizar ni relativizar. Pero una cosa es entenderlo —y respetarlo— y otra es convertirlo en criterio único de política penitenciaria.
El caso de Iparraguirre se inscribe en el marco legal vigente. El régimen de semilibertad no es libertad. No es impunidad. Es un paso intermedio dentro de un sistema que, nos guste más o menos, tiene un objetivo claro: la reinserción. Este es el punto incómodo del debate. Porque la reinserción es fácil de defender en abstracto y muy difícil de aceptar cuando tiene nombre y apellidos.
España —como la mayoría de democracias europeas— no tiene un sistema penitenciario basado en la venganza, sino en la reintegración progresiva del condenado. Eso no significa olvido, ni perdón obligatorio, ni borrar el pasado. Significa, simplemente, que la pena tiene un recorrido y que, en determinadas condiciones, este recorrido incluye fases como la semilibertad. Negar esto en función del tipo de delito es comprensible emocionalmente, pero problemático jurídicamente. Porque entonces ya no hablamos de derecho, sino de excepción. Y las democracias, cuando entran en la lógica de la excepción, acostumbran a salir peor.
No entiendo —ni comparto— el uso político que hace el PP. Convertir un debate tan delicado en una herramienta de confrontación inmediata puede ser rentable a corto plazo, pero empobrece el fondo de la cuestión. No todo se vale en política, y aún menos cuando hablamos de terrorismo, víctimas y justicia. Hay líneas que, por responsabilidad democrática, deberían ser más difíciles de atravesar. La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿queremos un sistema que castigue indefinidamente o un sistema que, sin olvidar el daño causado, ofrezca una salida reglada? No hay respuesta fácil. Pero sí una coherencia exigible. Porque si aceptamos la reinserción, debemos aceptarla siempre. También cuando nos incomoda, cuando nos revuelve y cuando tiene cara y nombre.
La semilibertad de Anboto no repara nada, ni consuela a nadie, ni siquiera equilibra lo que es irreparable. Pero tampoco es una renuncia a la justicia. Es, en todo caso, una expresión de su complejidad. El filósofo Norberto Bobbio advertía que «la democracia se distingue de la dictadura porque incluso sus enemigos son juzgados según sus reglas». Quizás es eso, al fin y al cabo, lo que está en juego: si queremos una justicia que solo castigue, o una que, sin dejar de castigar, también sea capaz de sostenerse en sus propios principios.
