872 personas han desaparecido del censo municipal de Figueres como resultado de la campaña de verificación puesta en marcha por el alcalde Jordi Masquef (Junts) en 2024, contra posibles irregularidades.
La cifra, según difunde El Periódico, pasó de 804 a 872 personas el año pasado, de las que 554 son fueron desempadronadas porque la conclusión de los agentes que han indagado en su situación es que se había producido fraude en la inscripción.
310 personas más son casos de caducidad anunciada, que afecta a los extranjeros extracomunitarios sin residencia permanente, los cuales deben renovar la inscripción cada dos años. El resto, hasta el total de 872, son duplicidades halladas en el registro.
Por otro lado, al margen de las irregularidades, las cifras oficiales de la capital del Alt Empordà reflejan 395 bajas por defunción y 2.106 por cambio de localidad comunicada.
La verificación municipal
El Ayuntamiento de Figueres verifica los casos enviando agentes al domicilio en cuestión dos veces con al menos tres días de diferencia y en horarios distintos. Si no encuentran a nadie, se remite una notificación antes de darles de baja del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los casos que comprueban, según explican fuentes municipales al mismo diario, se escogen en función de hechos que llaman la atención, como la sucesión de cambios de residencia en un año y la acumulación de muchos convivientes en el mismo piso.
El Ayuntamiento de Figueras, además, dice que ha detectado casos en los que se falsean separaciones de convivencia, simulando que una madre vive sola con los hijos, para obtener ayudas sociales. También asegura que hay personas que no viven allí, pero se empadronan con el mismo objetivo.
Obligación y endurecimiento
Por ley, los ayuntamientos deben empadronar a todos los ciudadanos, incluidos los residentes en infraviviendas o los que no disponen de un techo, como ha indicado la Generalitat, un trámite que les hace accesibles los servicios públicos básicos. Junts, no obstante, ha aplicado en municipios como Figueras o Sant Cugat del Vallès una política tendente a endurecer los requisitos. Aboga, de hecho, por que se pueda exigir un título habilitante, que acredite la condición de propietario o usuario de un inmueble, a la vez que propone un padrón social paralelo para afrontar las situaciones de vulnerabilidad.
