Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha anunciado que la Generalitat hizo el martes una inspección en el bloque de la calle Sant Agustí del barrio de Gràcia y ha detectado que «puede haber incumplimiento de la normativa».
En una entrevista en RAC 1, la portavoz del Gobierno catalán ha explicado que se empezarán a iniciar los expedientes administrativos para el total de las 23 viviendas del bloque. Asimismo, Paneque ha apuntado que se podría tratar de una falta grave.
Según el régimen sancionador, si se confirmara el incumplimiento de la normativa, implicaría una multa de un mínimo de 90.000 euros para cada una de las viviendas, por lo que significaría más de 2 millones de euros.
Según la inspección, el precio de la suma de las habitaciones supera el tope de alquiler de la vivienda. Paneque ha recordado que esto incumple la ley que aprobó el Parlamento a finales de 2025.
Para este miércoles por la mañana estaba previsto el primer desahucio del bloque de la calle Sant Agustí de Barcelona, que se ha aplazado. Llega después de que la empresa propietaria del edificio, New Amsterdam Developers (NAD), adquiriera la finca en 2023 e iniciara un proceso para no renovar los alquileres y transformar los pisos en colivings, según los vecinos.
Regulación del Parlamento
La consejera Paneque ha recordado que a finales del año pasado el Parlamento aprobó una regulación que obliga a respetar los topes de los precios también en el caso del alquiler por habitaciones. «Con las herramientas que tenemos y el marco normativo vigente aplicaremos todos los mecanismos que tenemos», ha afirmado Paneque.
La consejera ha admitido que quizás ha sido más lento de lo que se querría, pero que ahora Cataluña ya tiene un marco normativo, un régimen sancionador aprobado y 100 inspectores para hacer cumplir la ley. «Actuaremos con contundencia de acuerdo con el marco normativo», ha insistido.
22 expedientes con sanciones
La portavoz del Gobierno catalán ha explicado que desde enero de este año ya se han impuesto sanciones en 22 expedientes, que suman un total de 77.000 euros.
Además, en estos momentos la Generalitat tiene abiertos 480 casos con diligencias previas. Unos datos que, según Paneque, «no son menores» teniendo en cuenta que son solo de los dos primeros meses del año.
