Un empresario ha asegurado en la Audiencia Nacional que la constructora Isolux le obligó a hacer constar una empresa de Jordi Pujol Ferrusola como intermediaria en una operación inmobiliaria en Madrid, de manera que el hijo primogénito el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se embolsó una importante comisión.
Este testimonio, aportado durante la sesión de este martes del juicio sobre el caso Pujol, ha sido de los más claros a la hora de apuntalar la acusación de la Fiscalía respecto a posibles comisiones irregulares a cambio de obra pública.
Lorenzo Carlos Méndez ha explicado que él era socio de una empresa que tenía unos terrenos en Madrid que Isolux quería comprar para hacer su sede. Según ha dicho, esta constructora les obligó a incluir en el contrato de compraventa que una empresa de Pujol, Imisa, había intervenido en la negociación como intermediaria, aunque ha asegurado que no la conocía de nada. «Fue una imposición de ellos, si no, no se cerraba la operación», ha dicho. La comisión por la intermediación era de unos 600.000 euros y la pagó Isolux.
La administradora de la empresa no ha sido tan categórica, pero en unos manuscritos que aportó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional explicaba una situación similar. No obstante, las defensas han puesto en duda que la letra fuera suya, y han recordado que más adelante se hará una prueba pericial para determinarlo.
Inversiones internacionales
Este martes también han declarado varios empresarios que invirtieron en México, Argentina y Gabon, y que han asegurado que Pujol Ferrusola intervino de una manera u otra. Otros, en cambio, han dicho que no recordaban demasiados detalles.
El último testigo ha sido el exdiputado y exsenador de CiU y expresidente del Puerto de Tarragona Lluís Badia Chancho, a quien se ha preguntado sobre unas inversiones conjuntas con Jordi Pujol Ferrusola en Croacia, México y el puerto de Rosario (Argentina). En Croacia invirtió en una empresa que quería aprovechar la futura entrada en la UE, y luego desinvirtió y le devolvieron el dinero. En México, ha negado que invirtiera en casinos y juegos.
En cuanto a Argentina, ha dicho que el puerto de Tarragona quería estar presente en Rosario porque los dos puertos eran exportadores de grano. En cambio, ha negado cualquier tipo de presión para conceder una licencia de explotación de una terminal gasista en Tarragona a unos empresarios determinados. Eso sí, ha recordado que él como presidente no tenía capacidad de decisión, sino que era el director y el consejo de administración, donde había representantes del Estado, quienes decidían. Además, ha añadido que a él «no había manera» de presionarlo.
