La sectorial de Infancia que buscaba un entendimiento entre el gobierno español y las comunidades autónomas para el reparto de cerca de 4.400 menores inmigrantes que se encuentran en Canarias ha acabado sin acuerdo.
Tras más de cuatro horas de encuentro, las comunidades del PP han rechazado los criterios que marca el decreto ley aprobado en el Congreso y han advertido de que no piensan aplicarlos hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre los recursos que ya han anunciado.
La ministra de Juventud, Sira Rego, y la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, las han acusado de poner palos en las ruedas.
Rego ya ha advertido de que el proceso sigue adelante y que hay que cumplir la ley. «El decreto ley está vigente y se aplicará. Eso no se detiene».
