Los grupos de opinión y plataformas preelectorales de entorno del Barça han dado este martes un paso tan lógico como inesperado, consistente en unir sus fuerzas y su capacidad de convocatoria y de influencia en el barcelonismo para evitar que Joan Laporta pueda sacar adelante en la asamblea del sábado unas cuentas sin auditar, de hecho, pues en la formulación que presentará a los socios ha ignorado la salvedad sobre la necesaria desvalorización de Barça Vision de 208 millones, planteada por Grant Thornton.
Ahora sí que, verdaderamente, Laporta se enfrenta a un levantamiento puntual e identificado contra el desafío de aprobar el resultado del ejercicio 2023-24 sin atender al examen del auditor y sin hacer el menor caso al malestar que ha provocado este histórico movimiento social que, en apariencia, agrupa a todo el espectro de lo que se podría calificar como oposición.
La jugada puede provocar que la sala virtual registre un mayor número de participantes y, desde luego, que se hayan activado más compromisarios dispuestos a denunciar cualquier irregularidad, o dificultad a la hora de interactuar telemáticamente, en un formato que ya ha dado serios problemas de funcionamiento en el pasado más allá de que, por ahora, la junta no ha facilitado ninguna garantía de que la identificación de los compromisarios ni que el recuento de las votaciones pueda someterse a un control de verificación fiable o reconocido.
Así, Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, Sí al Futur, Som un Clam, Suma Barça, Transparència Blaugrana y Un Crit Valent han suscrito un comunicado conjunto que, «por un FCB modélico, más transparente y participativo», han decidido unirse contra la convocatoria de una asamblea telemática por ser «una muestra de la voluntad de la Junta Directiva de evitar el debate abierto y la participación activa de los socios y socias. Esta decisión entendemos es contraria a los valores de transparencia y buen gobierno que deben guiar la actuación del Club. En un momento en que se trabaja para volver a llevar a miles de socios y socias al nuevo Camp Nou, no comprendemos que no se les convoque a una Asamblea presencial».
En síntesis, plantean una reconvocatoria de la asamblea del sábado. O sea, volverla a fijar para más adelante en un formato híbrido una vez reformuladas las cuentas, evitando así el mal efecto y la mala imagen de un eventual rechazo a su aprobación por parte de la sala. «Esta acción/propuesta que hacemos no genera riesgos para el club ni para las competiciones. Esta reformulación no tendrá impacto en el límite salarial (para realizar fichajes, si procede, en el mercado de enero de 2025), ya que LaLiga no aceptó el beneficio antes mencionado; ni tampoco tendrá impacto en la tesorería, debido a que el Club ha aceptado que no percibirá los pagos pendientes», afirman.
En caso de que Laporta no se avenga a alterar la agenda de la asamblea, llaman a los compromisarios -este martes vence el plazo para reclamar turno de palabra- a que intervengan para pedir in situ el aplazamiento y votar negativamente a las cuentas si la mesa persiste en mantener el orden del día.
También suscriben unánimemente que es la hora de pedir «explicaciones precisas sobre operaciones como la venta de participaciones de Barça Studios, las negociaciones con Nike, las comisiones en los traspasos (que fue un explícito compromiso electoral de la Junta Directiva), la relación entre el proveedor ISL y la Junta Directiva, y otras cuestiones tratadas con opacidad. La Junta Directiva debe rendir siempre cuentas, de forma más clara y transparente. Especialmente en todo lo relativo a la vuelta al Camp Nou, que es un ejemplo más de lo que expresamos. De entrada, ha quedado excluido el Palau Blaugrana del proyecto, contradiciendo el mandato aprobado en Asamblea. Sin embargo, las fechas anunciadas para el regreso al Estadio han sido cambiadas varias veces, afectando directamente al presupuesto económico del año próximo. Además, las dudas sobre la ejecución de las obras del Camp Nou y su coste real, más todo lo referente al precio de los abonos, exigen la máxima transparencia, puesto que estamos hablando de más de 1.500 millones de euros, y de la economía de muchos socios y socias que no saben si podrán acceder a los precios que se fijen».
Reivindicaciones sociales hoy más que nunca justificadas en el contexto de la gestión totalitarista de Laporta y de su junta. Enfrente, se toparán con la actitud presidencialista e inflexible de no modificar una hoja de ruta que, sospechosamente, pasa por una asamblea aislada, virtual y digitalizada. O sea, controlada por completo, para asegurarse que las cuentas, las suyas con irregularidades, sean aprobadas.
