La Abogacía del Estado ha pedido recusar al magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) José María Macías y apartarlo de la veintena de asuntos sobre la ley de amnistía argumentando que el juez no es imparcial para participar en las decisiones. Macías subscribió en marzo de 2024, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el informe contrario a la norma que considera que la medida de gracia es inconstitucional, hecho que la Abogacía considera que va «en detrimento de la debida imparcialidad» que el magistrado conservador tendría que tener.
De este modo, el órgano se suma a la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien también recusó a Macías en relación con la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo (TS) sobre la ley de amnistía. El ministerio público también considera que el juez conservador no puede ser poniente por su «participación directa» en «actuaciones oficiales» del CGPJ contra la amnistía, y asegura que existe “un prejuicio sobre cada una de las dudas sometidas” por el Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional.
El escrito, de 17 páginas, señala que «Macías, formando parte del Consejo General del Poder Judicial, en su calidad de vocal participó en la emisión del referido informe, de fecha de 21 de marzo de 2024, el resultado mayoritario del cual fue contrario a la constitucionalidad de la entonces proposición de ley que dio lugar a la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, y la mayoría concluye la inconstitucionalidad de la dicha proposición de ley de acuerdo con los argumentos que se exponen». Por eso, la Abogacía considera que, «con motivo de su cargo en el CGPJ, tuvo ocasión para conocer el objeto del litigio (la ley de amnistía) y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad». Además, destaca que el texto redactado por el CGPJ fue «inadmitido por el Congreso».
La petición se enmarca en la batalla de recusaciones en el TC para conformar la mayoría que emitirá sentencia sobre la ley, y se suma a las formuladas por la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont también contra Macías. El pleno del TC ya aceptó la abstención a petición propia del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, miembro del bloque progresista, pero que se había pronunciado en contra de la amnistía. Sin Campo, el equilibrio de bloques queda en manos del sector progresista por seis votos a cinco, pero el PP –y algunas de sus comunidades- ha reclamado la recusación de dos magistrados progresistas más: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la exdirectora general de la Moncloa LauraDíez.
