El gobierno central retira la ley del suelo para evitar una nueva derrota en el Congreso

La ministra de Vivienda atribuye la decisión al "furor electoral" y anuncia que volverá a presentar la iniciativa

El presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria en la cámara baja (Congreso de los Diputados)

El gobierno español ha solicitado este jueves la retirada de la ley del suelo del orden del día del pleno del Congreso de los Diputados. La cámara tenía que debatir la toma en consideración del proyecto de ley a partir de las 9 de la mañana, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez ha preferido retirarlo para evitar una segunda derrota parlamentaria en una semana, después de que el martes los grupos también rechazaran la ley de prohibición del proxenetismo. Este miércoles, Sumar y Podemos anunciaron que no apoyarían la norma del suelo, y el PSOE quedó a merced del PP, que ya había anunciado que no daría un a la norma y no se había pronunciado sobre un eventual apoyo a las enmiendas.

La petición de retirar la ley se ha anunciado solo 30 minutos antes del inicio del debate programado en el Congreso. La Moncloa argumenta la decisión para poder garantizar «que esta norma no se vea afectada por la situación electoral», en la que todos los partidos tienen la mirada puesta en las elecciones europeas del 9 de junio. Las mismas fuentes han acusado al PP de «falta de sentido de Estado» porque, según dicen, los populares han priorizado «sus intereses electoralistas a una demanda de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para favorecer el desarrollo de la vivienda pública».

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha atribuido la retirada de la ley al «furor electoral» previo a los comicios europeos del 9-J. Según ha explicado a la prensa, una vez pasada la campaña la llevará de nuevo a la cámara baja al considerar que es una buena iniciativa que serviría para mejorar el urbanismo y el acceso a la vivienda.

El Ministerio de Vivienda recuerda que este es un proyecto de ley que se tramitó «con la máxima celeridad» para «dar respuesta a la necesidad de promoción y ampliación del parque público de vivienda en España». El texto, sostiene el Ministerio, buscaba «garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos y ofrecer garantías de protección medioambiental», además de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030.

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