La Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha descartado una denuncia presentada por Manos Limpias contra la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, por un supuesto delito de amenazas contra varios jueces. En una interlocutoria conocida este miércoles, el alto tribunal detalla que las expresiones de Nogueras en un pleno del pasado diciembre están amparadas en la «inviolabilidad parlamentaria» de la que disfrutan diputados, por lo cual quedan al margen de cualquier reproche penal.
Para el Supremo, el ejercicio de las funciones discursivas de un diputado pueden ser «hirientes u objetivamente ofensivas», pero no penalizables. Se abstuvieron en el asunto el presidente de la sala, Manuel Marchena, y la magistrada Carmen Lamela, aludidos por Nogueras.
«Tienen que permanecer extramuros del reproche penal si se quiere, y se quiere, mantener un sistema político de libertades que no disuada a los representantes del pueblo español de expresar libremente en el ejercicio de sus funciones sus opiniones por desagradables, injustas o estrafalarias que pudieran, en algún caso, resultar», argumenta el Supremo.
En la interlocutoria, la sala recuerda que es potestad de los ciudadanos con su voto, y de la presidencia de la cámara con su función rectora de los plenos, decidir sobre los diputados. Así, indica que los legisladores pueden ser llamados al orden cuando profieran palabras o aboquen conceptos ofensivos al decoro de las Cámaras o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad.
El texto concluye que, más allá de las limitaciones derivadas del ejercicio de la potestad directiva y disciplinaria de la Presidencia de la Cámara, no es admisible «ninguna posibilidad de restringir el alcance de la inviolabilidad por las opiniones y las expresiones realizadas en el ejercicio de las funciones parlamentarias».
La sala que ha dictado la interlocutoria está formada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente), Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porras y Leopoldo Puente (poniente). Se abstuvieron en el asunto el presidente de la Sala de lo penal, Manuel Marchena, y la magistrada Carmen Lamela, aludidos en la intervención de la denunciada.
