La Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña ha apoyado a los encausados de Tsunami Democràtic, en la declaración impulsada por los grupos de ERC, Junts, CUP y En Comú Podem. El texto pide la retirada de las imputaciones por terrorismo, y condena la persecución política de los movimientos populares.
Así mismo, el Parlamento catalán defiende el derecho a protesta como un «mecanismo esencial» para lograr cambios sociales y defender propuestas políticas «legítimas» como el derecho a la autodeterminación. También denuncia y condena el uso de la justicia en una «nueva persecución política» contra las movilizaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales, en particular contra el independentismo.
La declaración leída manifiesta la «necesidad» de que el Estado y el Congreso de los Diputados paren la «represión» contra el movimiento independentista y los movimientos populares y les insta a parar todos los mecanismos «represivos» contra estos, a través de la actuación de los cuerpos policiales y de los tribunales.
El texto también pide realizar las modificaciones legales e internas pertinentes para que «nunca más» se pueda equiparar la disidencia política al terrorismo y evitar la limitación el ejercicio de los derechos fundamentales de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
La declaración también habla de la «nueva criminalización» del derecho a la protesta con la persecución e investigación por terrorismo por parte de la Audiencia Nacional de once personas dentro de la causa contra Tsunami Democràtic, que ha llevado a muchas de ellas a marcharse al extranjero.
«Las investigaciones que lleva a cabo la Audiencia y el Supremo contra Tsunami, los CDRs y otros supone un ataque directo al ejercicio de derechos fundamentales y la persecución y amenaza a miles de activistas del movimiento independentista en su legítima reivindicación al derecho a la autodeterminación», continúa la declaración.
Segunda oleada
Una segunda oleada de independentistas se ha marchado al extranjero por la investigación de terrorismo de la Audiencia Nacional contra la plataforma Tsunami Democràtic por su papel en las protestas contra la sentencia del 1-O. Al menos siete de los doce investigados están residiendo fuera de Cataluña actualmente, y cuatro de ellos se han trasladado en los últimos meses por la investigación de la audiencia.
El diputado de ERC Ruben Wagensberg, el activista de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó viven ahora en Suiza, donde ya hay la secretaria general de ERC, Marta Rovira, desde 2018. Después del 1-O Jaume Cabani se marchó a Bélgica, donde hasta hace poco también estaba el expresidente Carles Puigdemont, ahora en Vallespir por la campaña del 12-M.
