El gobierno catalán considera que la querella de Junts por el informe sobre Casol «amenaza» a las víctimas del machismo

La abogada, la trabajadora social y el psicólogo autores del documento han declarado este viernes como investigados

Els tècnics autors de l'informe sobre la denúncia de Casol contra Junts, arribant als jutjats - Foto: ACN, Pol Solà

La consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, y las diputadas de En Comú Podem y la CUP Susana Segovia y Laura Vega, han considerado este viernes que es una «amenaza» a todas las mujeres víctimas de machismo la querella presentada por Junts contra los tres expertos que elaboraron el informe encargado por el Parlamento de Cataluña a raíz de la denuncia de la exdiputada juntera Cristina Casol.

La abogada, la trabajadora social y el psicólogo autores del informe, que concluyó que no había hechos probados que avalaran la discriminación denunciada por Casol, pero sí actitudes machistas en el grupo parlamentario de Junts, han declarado en el juzgado como investigados por injurias. Compañeros y políticos, entre ellos la propia Casol, se han concentrado ante la Ciudad de la Justicia para apoyarles, difunde la ACN.

Los técnicos solo han respondido preguntas de sus defensas y del magistrado instructor y, según fuentes jurídicas citadas por la misma información, han defendido la profesionalidad e imparcialidad del informe, y que se mantuvo la confidencialidad, aunque se acabó filtrando a la prensa.

También han explicado que todas las conclusiones fueron consensuadas por los tres, que se hizo sin ninguna intencionalidad política y que siguió la metodología habitual de informes similares, con el aval y el amparo del protocolo parlamentario, si bien este era el primer informe que se hacía por un caso de supuesto acoso en la cámara catalana.

Junts ha considerado que el informe que hizo la asociación Intress, ganadora de la licitación del Parlamento catalán, es sesgado, sin fundamento y con conclusiones gravemente ofensivas. El partido lidera por Laura Borràs sostiene que se han vulnerado sus derechos sin que haya podido defenderse, que el informe debía ser confidencial y, además, que existe una intencionalidad política».

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