El Gobierno de la Generalitat de Catalunya y los sindicatos de prisiones han pactado este martes crear un grupo de trabajo sobre seguridad en el interior de los centros penitenciarios y otro que seguirá negociando cuestiones laborales, como hacía hasta ahora. En un encuentro este martes por la mañana en el Distrito Administrativo a raíz del asesinato de una cocinera de la prisión de Mas d’Enric, ambas partes se han instado a seguir negociando en los dos ámbitos diferenciados. En el encuentro estaba el secretario general de Justicia, Jordi Martinoy, y representantes de la Secretaría de Administración y Función Pública, después de que los sindicatos se negaran a dialogar con la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, o el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, de quienes piden la dimisión.
Los sindicatos han convocado huelga para el 26 de abril y para el 11 de mayo, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones en el Parlamento catalán del 12 de mayo y con la jornada de reflexión. CSIF, Intersindical, ACAIP, UGT, IAC-CATAC y CCOO consideran que el relevo del director de la prisión Mas d’Enric anunciado la semana pasada equivale al sacrificio de un «peón» para «proteger figuras más relevantes», y lamentan que la estrategia «evidencia que los objetivos electorales parecen tener prioridad por encima de la voluntad del Govern de resolver el conflicto».
Aun así, los sindicatos opinan en un comunicado conjunto que el anuncio del relevo del director de Mas d’Enric indica, también, que el escenario «podría estar cambiando». En este sentido, consideran que la medida «supone un reconocimiento público» de la Generalitat de que el Departamento de Justicia «tiene que asumir su responsabilidad». Además del relevo al frente de la prisión tarraconense, Justicia ha anunciado otros cambios, como algunos protocolos del CIRE, la empresa pública donde trabajaba la cocinera. También se han producido cambios en las prisiones de Poniente y Lledoners, donde se ha prohibido que trabajen internos con crímenes de sangre.
