La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar como investigados (todavía sin fecha fijada) al empresario Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y cuatro personas más, por dos supuestos delitos de fraude fiscal y un supuesto delito de falsedad en documento mercantil.
Una investigación parte de la denuncia que formuló la Fiscalía. La magistrada cree que hay «indicios racionales» de la participación de la pareja de Ayuso y el resto de denunciados en las «conductas penalmente relevantes objeto de investigación».
En su interlocutoria, la jueza apunta a posibles irregularidades en el Impuesto sobre sociedades correspondiente a los ejercicios de los años 2020 y 2021 por parte de la empresa Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para lo Fomento del Mediambiente.
Una sociedad de la que González era el único administrador que según la denuncia de la Fiscalía llevó a cabo actividades «con el fin de reducir la tributación» mediante «facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados».
En este sentido, recoge que la empresa de González presentó 15 facturas de hasta 1,7 millones de euros que no respondían a ningún servicio prestado y con la que se ahorró más de 350.000 euros en el Impuesto sobre sociedades.
El mismo González admitió estos delitos en un escrito que dirigió a la Fiscalía para probar de lograr un acuerdo que impidiera que el caso llegara a los juzgados.
Según la denuncia, en 2021 la empresa facturó también servicios a su principal cliente, Quirón salud, a través de otra empresa de González que «no dispone de medios materiales para prestar estos servicios».
Por este motivo, la investigación también se centra en posibles delitos de falsedad en documento mercantil por haber aportado unas facturas que «no corresponden con servicios realmente prestados» con el fin de reducir los impuestos.
En su interlocutoria, la jueza explica que los datos aportados por la Fiscalía y la Agencia Tributaria «presentan características que hacen presumir la posible existencia de indicios de comisión de dos delitos contra Hacienda relativos al Impuesto sobre sociedades… en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil».
Por este motivo, y a pesar de que todavía «no están determinadas la naturaleza y las circunstancias de los hechos ni las personas que ha intervenido» considera «procedente acordar la incoación de diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que hayan participado».
