La noción de ecoracismo y justicia medioambiental nacen en Estados Unidos en los años 1980. Es curioso que es dos conceptos no surgen de asociaciones ecologistas (como sería imaginable) si no de los movimientos afroamericanos que luchan por los derechos civiles. El término «ecoracismo» fue acuñado en 1987 por Benjamin Chavis, antiguo ayudante de Martin Luther King y líder del movimiento por la justicia racial en la Iglesia Unida de Cristo. Pronto se vio que en Estados Unidos la localización y acumulación de residuos particularmente contaminantes y tóxicos tenía lugar en las poblaciones desfavorecidas de afroamericanos y amerindios. Lo que pretendemos en esta nota es definir los términos de ecoracismo, ecofascismo y justicia medioambiental para ser críticos con las personas y entidades que utilizan dichos términos. Debemos asegurarnos de que al utilizarse describen situaciones reales, precisas y objetivas. Estamos ante conceptos fundamentales para comprender y abordar las desigualdades ambientales y promover un futuro más justo y sostenible.
El ecoracismo se define como la discriminación racial en la formulación e implementación de políticas ambientales, lo que lleva a que las comunidades desfavorecidas sufran consecuencias ambientales desproporcionadas. Hoy día es evidente que las infraestructuras especialmente contaminantes y en particular el transporte y acumulación de residuos tienen lugar preferentemente en barrios y zonas de minorías étnicas y países del tercer mundo. El término «ecoracismo» es poco usado, es una combinación de «ecología» y «racismo» y se utiliza para visibilizar la dimensión racial de las injusticias ambientales y ha contribuido a sensibilizar sobre la conexión entre etnias y medio ambiente y a promover la inclusión de la diversidad en la agenda ambiental.
El término «ecofascismo», también comparte cierta superposición conceptual entre “ecología” y “fascismo”. Es por tanto crucial entender los matices e implicaciones mutuas que pueden existir entre sí. Por ecofascismo entendemos una ideología marginal que combina preocupaciones ambientales con creencias racistas, nacionalistas y autoritarias. Sus principales características son:
- Puede culpar de los problemas ambientales a poblaciones específicas, a menudo por motivos de raza, etnia o nacionalidad.
- Aboga por medidas extremas para proteger el medio ambiente, incluyendo potencialmente el control de la población o restricciones a la inmigración, a menudo utilizando coacción o violencia.
- Puede explotar la creciente y legítima preocupación y sensibilización ambiental para promover agendas discriminatorias u odiosas.
Es importante tener en cuenta que el ecofascismo no es representativo de la gran mayoría de los movimientos ecologistas. La mayoría de los ambientalistas abogan por solucionar los desafíos ambientales de manera responsable e inclusiva sin recurrir al racismo u otras formas de discriminación. El término «ecofascismo» debe usarse con precaución y sólo para describir ideologías que realmente cumplan con su definición. El mal uso del término puede etiquetar injustamente preocupaciones ambientales legítimas como inherentemente fascistas, obstaculizando el diálogo constructivo sobre cuestiones ambientales. Si bien «ecoracismo» no es un término ampliamente reconocido, el concepto está estrechamente vinculado a la práctica de la justicia ambiental, que básicamente se caracteriza por centrarse en el trato justo y equitativo de todas las personas con respecto al medio ambiente. Esto incluye por un lado que en la distribución de beneficios y cargas ambientales se garantice de modo que ningún sector social sufra desproporcionadamente contaminación o peligros ambientales, y al mismo tiempo que tengan un acceso justo a los recursos y servicios ambientales. Por otro lado, es fundamental la participación y empoderamiento en la toma de decisiones ambientales de todas las comunidades, especialmente y las históricamente marginadas. Es fundamental que tengan voz en las políticas y proyectos ambientales que las afectan. El movimiento por la justicia ambiental aboga por soluciones que aborden estas desigualdades y promuevan una relación más justa y equitativa entre todas las comunidades y el medio ambiente. Un hito en el origen de la justicia medioambiental fue la Primera Conferencia Nacional de Pueblos de Color sobre Justicia Ambiental y Salud en 1991, en Warren County, Carolina del Norte (Estados Unidos). Allí, se definió el marco conceptual de la justicia ambiental y se establecieron sus principios.
El concepto de «ecoracismo», aunque no se utiliza ampliamente, puede entenderse como una sugerencia de que las cargas ambientales se imponen injustamente a ciertos grupos, a menudo basándose en factores como la raza, el origen étnico o el estatus socioeconómico. Esto se alinea con las preocupaciones abordadas por el movimiento de justicia ambiental. Por ejemplo, las comunidades de color pueden estar ubicadas cerca de fábricas contaminantes o sitios de eliminación de desechos y experimentar tasas más altas de problemas de salud debido a peligros ambientales. Otra situación frecuente en Latinoamérica y África es que ciertas poblaciones tienen acceso limitado a agua potable, saneamiento o espacios verdes debido a políticas discriminatorias o distribución desigual de recursos. Es importante tener en cuenta que ecoracismo no es un término establecido dentro del discurso de justicia ambiental, aunque ese término implica o resuena con las preocupaciones centrales del movimiento de justicia medioambiental que lo que en definitiva busca es abordar las desigualdades y promover la participación equitativa de todas las comunidades en la toma de decisiones ambientales.
La justicia ambiental ha logrado avances significativos en los últimos años, tanto a nivel local como global. Algunos de los mayores logros incluyen a nivel global:
- En 2022, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho humano a un medio ambiente sano. Este paso es crucial para garantizar que todas las personas tengan acceso a un entorno limpio y saludable.
- El Acuerdo de Escazú, tratado histórico que entró en vigor en 2021 que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental para los ciudadanos de América Latina y el Caribe.
- Crecimiento exponencial en los últimos años, con millones de personas en todo el mundo exigiendo que se proteja el medio ambiente a través de cambios políticos y sociales necesarios para lograr la justicia ambiental.
A nivel local se ha conseguido:
- Cierre de plantas contaminantes.
- Protección de áreas naturales importantes mediante la creación de parques nacionales, reservas naturales y otras medidas de protección.
- Acceso a agua limpia y segura en muchas comunidades entorno limpio y saludable.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Las comunidades siguen sufriendo injusticias ambientales como la contaminación del aire y del agua, la exposición a sustancias tóxicas y el desplazamiento debido al cambio climático. Es importante seguir luchando por la justicia ambiental para garantizar que todas las personas tengan derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
