El presidente de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), Josep Maria Solanellas, se muestra especialmente preocupado, en declaraciones a EL TRIANGLE, por el impacto del sistema de subvenciones que la Generalitat está aplicando al sector desde hace dos años. El origen de la problemática es el Real Decreto 818/2021, que regula los programas comunes de activación para la ocupación del Sistema Nacional de Ocupación y que, a la vez, actualiza la normativa en materia de programas comunes de políticas activas de ocupación. A raíz de esta normativa estatal, la Generalitat decidió actualizar las bases reguladoras de las subvenciones en Cataluña, y en el caso de los centros especiales de trabajo (CET) introdujo nuevos criterios y condiciones.
Para Josep Maria Solanellas, el sector de la discapacidad quiere “conseguir volver a facilitar el sistema de subvenciones que hasta hace dos años teníamos y que se ha enrevesado mucho”. En concreto, Solanellas destaca que “durante muchos años Cataluña era el espejo de todas las comunidades autónomas, porque los CET presentaban la petición de subvención cada mes y sabían que en un plazo de sesenta días se cobraba. Nadie lo hacía en las otras comunidades, e incluso en algunas se tardaba un año y medio a cobrar la solicitud que habían pedido de la subvención del salario mínimo interprofesional para los CET. Cataluña lo ha variado hasta el punto que hoy se hace una petición a principios de año, pero es ficticia, porque no sabes cuántos trabajadores tendrás, por ejemplo, el mes de junio, puesto que somos empresas dinámicas y ofrecemos servicios que pueden tener puntas de contratación, y no hacemos actividad plana durante todo el año”. Un ejemplo sería un CET que gestiona las zonas azules a la Costa Brava y que tiene puntas de contratación de personas con discapacidad en determinados meses del servicio. Según Solanellas, hacer una predicción de necesidades de contratación a principios de año por todo el periodo “es muy complicado, y la demanda no se ajusta a la realidad”. Para el sector, la variación de las órdenes de bases de las subvenciones “ha traspasado líneas rojas”, y por eso hay “descontento”.
Con la voluntad de hacer frente a la situación actual, la Federació ha convocado un Foro CET este mes de marzo bajo el título “Presente y futuro de los centros especiales de trabajo y del sistema de subvenciones”. El ponente que tiene que afrontar el reto es Juli Silvestre i Martínez, director general de Economía Social, el Tercer Sector y las Cooperativas del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.
En declaraciones a EL TRIANGLE, Javier de Oña, subdirector general de la Fundación Integralia DKV y uno de los vicepresidentes de la FECETC, cita uno de los cambios que establecen las nuevas bases reguladoras en Cataluña y que condiciona los CET: “Nos obligan a hacer un mínimo de tráfico cuando quizás las personas no tienen suficiente formación o no hay opciones para ir a la empresa ordinaria. Han cambiado la manera de exigir una serie de parámetros que antes no se hacían, y se ha hecho de forma unilateral por parte de la Generalitat”. Otro aspecto a destacar, según Javier de Oña, es que los CET catalanes “están en desigualdad de condiciones con los del resto de España” porque hay una serie de ayudas previstas en el Real Decreto que no se aplican en Cataluña.
A causa de estas condiciones diferentes, “hay CETs con muchos problemas de tesorería porque tienen que pagar más; cobran a 60 o 90 días; las subvenciones llegan tarde y mal, y esto crea mucha preocupación a todo el sector”.
Los CET se enfrentan a otro reto provocado por el impacto del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), puesto que se ha doblado desde el 2019. “No podemos renunciar a la mejora salarial y a sueldos más dignos, esto está claro”, dice Josep Maria Solanellas. El problema es que a los CET el coste de la mano de obra es el máximo, porque se requieren servicios de recursos humanos que hagan acompañamiento y apoyen a las personas con discapacidad. Sería el caso de una mujer con una patología degenerativa sobrevenida que tiene que reinventarse laboralmente y, por lo tanto, necesita formación y apoyo para afrontar un nuevo reto laboral con el apoyo de un CET. De hecho, las aportaciones públicas ayudan a hacer frente a este sobrecoste de los recursos humanos, que no existe en el mercado laboral.
Atendido el sobrecoste laboral de los CET y que la mayoría ofrecen servicios a empresas que se cobran por horas, la repercusión del alza del SMI no se puede aplicar a los clientes, sino que “lo está afrontando el sector”, como dice la Federació. “Un cliente te acepta como máximo el IPC”, y por tanto “ahora acumulamos un déficit y una gran tensión en el sector”.
A diferencia DE otros CET, la Fundación Integralia DKV ha sufrido menos el impacto de la subida del SMI porque sus sueldos ya son superiores a este mínimo, porque se adecuan a la actividad que se presta. Actualmente, Integralia DKV ofrece diferentes líneas de trabajo, que no se centran en servicios más manuales, como por ejemplo manufactura o jardinería, como pasa en otras CET. Las personas con discapacidad que entran a trabajar a Integralia DKV pueden estar al contact center de atención en el cliente por diferentes empresas, en especial del sector sanitario, o bien en una unidad que analiza la accesibilidad de aplicaciones para personas con discapacidad. Otra línea es el servicio de consultoría para ayudar las empresas a cumplir la ley de discapacidad, que fija que las empresas de 50 trabajadores o más tienen que contar, como mínimo, con un 2% de personas con discapacidad. La sensibilización y el fomento del lenguaje inclusivo es otra de las funciones de la Fundación para hacer que más emprendidas tengan en la plantilla personas con discapacidad o busquen alternativas para iniciar este camino. A Integralia DKV el 75% de la plantilla tiene una discapacidad sobrevenida sea por un ictus o una patología degenerativa.
Puedes leer el artículo entero al número 1568 de la edición en papel de EL TRIANGLE.
