La Generalitat ha emprendido acciones legales contra la empresa de la familia Trias, responsable del camping La Ballena Alegre en la Costa Brava, por dos infracciones urbanísticas graves: la construcción irregular de 89 bungalows y cuatro piscinas en primera línea de mar, según ha informado El Mundo. Esta situación surge tras una investigación judicial por delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, donde se señala la posible complicidad de autoridades locales y estatales.
El expediente de la Generalitat revela la implantación de bungalows y piscinas en suelo no urbanizable, generando un beneficio ilícito para la empresa de la familia Trias. Ante esta irregularidad, se ordena el cierre de las instalaciones, advirtiendo de posibles consecuencias penales por desobediencia.
Las multas asociadas a estas infracciones podrían ascender a 187.000 euros si se restaura voluntariamente el espacio, pero alcanzarían hasta un millón y medio de euros sin ninguna reducción. Además, un informe de la Guardia Civil confirma la existencia de delitos que podrían acarrear responsabilidad penal para los gestores, arquitectos y constructores involucrados en la edificación de los bungalows.
La investigación policial detalla que los bungalows se han levantado sin respaldo legal sobre parcelas de acampada en suelo urbanizable, sin programa de actuación urbanística que lo ampare. Esta situación representa una clara violación de las normativas urbanísticas y de protección del territorio.
