Hace 27 años que la ONU estableció el 8 de marzo para recordar la lucha de las mujeres de todo el mundo por sus derechos. Un llamamiento a la movilización feminista, a reivindicar nuestro derecho a la igualdad, a una vida libre de violencias o no sufrir discriminación. En definitiva, a nuestra dignidad.
Y un año más aquí estamos, luchando por hacer que los derechos de mujeres y niñas sean una realidad y que las mujeres y niñas puedan ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre la vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos, con quién y cuándo.
Abortos los hay siempre, con independencia de lo que dicte la ley
Cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, especialmente si carecen de medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. La OMS calcula que el 45% de los abortos que se realizan en el mundo son inseguros. En países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos, entre otros, el aborto está penalizado; por tanto, las mujeres y niñas que no quieren seguir adelante con el embarazo se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos o huir a otros países.
A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener fatales consecuencias. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar a más de cinco millones de discapacidades en gran medida evitables. Las muertes y lesiones causadas por los abortos inseguros son evitables. El acceso a servicios de aborto sin riesgos es un derecho humano.
Persecución del activismo
Pero las restricciones al derecho al aborto, no sólo tienen impacto en las mujeres y niñas embarazadas, sino también en aquellas personas y asociaciones que lo defienden. Por ejemplo, Justyna Wydrzyńska es una de las fundadoras del colectivo activista «Abortion Dream Team», que realiza campañas contra el estigma del aborto en Polonia y ofrece asesoramiento imparcial sobre cómo abortar sin riesgos, siguiendo las directrices de la OMS. Ha sido condenada a 8 meses de trabajos comunitarios por ayudar a una mujer embarazada a acceder a pastillas abortivas, acusada de «facilitar un aborto» y «posesión de medicamentos sin autorización», un claro ejemplo de la represión de los derechos reproductivos en Polonia donde el aborto está prácticamente prohibido.
O mucho más cerca, el caso de la activista Vanessa Mendoza Cortés (Stop Violències) que apoya a mujeres embarazadas para que puedan acceder a un aborto seguro en el extranjero y exige públicamente el acceso al aborto seguro y legal en Andorra. Fue injustamente procesada por difamación por sus declaraciones a medios de comunicación y ante el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) sobre los derechos humanos de las mujeres y la prohibición total del aborto en Andorra. Después de un proceso judicial de tres años, en el que se enfrentaba una multa de 12.000€, afortunadamente fue absuelta el 17 de enero después de una intensa campaña de presión internacional.
Pasos adelante
Uno de los primeros pasos que deben darse para evitar lesiones y muertes maternas es que los Estados garanticen que las personas tienen acceso a educación sexual, pueden utilizar métodos anticonceptivos eficaces, someterse a abortos legales y sin riesgos y recibir atención rápida y profesional en caso de complicaciones.
En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado la legislación para permitir un mayor acceso al aborto, en ocasiones reconociendo que acceder al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres.
El aborto es un asunto profundamente complejo, pero en la práctica sabemos que los enfoques punitivos no abordan las cuestiones sociales, económicas y personales que conforman las decisiones de las personas para poner fin a un embarazo.
El acceso a aborto sin riesgos es un componente imprescindible de una sociedad justa e igualitaria, y es fundamental para la realización de todos los derechos humanos. La despenalización total es esencial para proteger los derechos humanos y evitar nuevas muertes y lesiones por abortos en condiciones de riesgo.
El 8 de marzo es un buen día para recordarlo.
