La vicepresidenta segunda del gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que su formación llevará al Congreso una batería de medidas anticorrupción que, entre otras, buscan la creación de una autoridad «completamente independiente» especializada en la lucha contra esta lacra. Concretamente, la también ministra de Trabajo ha propuesto la «creación de un organismo independiente de prevención de la corrupción», tal como recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.
Se trataría de una autoridad «especializada en materia de anticorrupción» y que países como Portugal, Francia, Italia, Países Bajos y Luxemburgo, entre otros, ya han instaurado. «Es una de las recomendaciones del GRECO que todavía España, no sabemos por qué motivo, no ha desplegado», ha señalado la líder de Sumar, que ha enmarcado esta medida dentro de la «despolitización de los órganos constitucionales» que su partido quiere llevar a cabo.
A raíz del estallido del caso Koldo, Díaz ha destacado el compromiso de Sumar de «ser implacables contra la corrupción, venga de donde venga», pero ha considerado que no se trata solo de castigarla cuando ya se ha producido, sino de «poner los mecanismos necesarios para prevenirla». En este sentido, además de la creación de un organismo independiente anticorrupción, la vicepresidenta segunda ha apostado por «cambios normativos» para evitar casos como el del exasesor del exministro José Luis Ábalos, que «indignan» y generan rechazo porque «unos pocos caraduras estaban ganando dinero con mascarillas fake a costa de la salud de la ciudadanía».
Contra los indultos a la corrupción
Otra de las medidas que impulsará Sumar es la modificación de la ley para impedir que el gobierno central pueda indultar a condenados por corrupción. Díaz ha considerado «inaudito que sigamos permitiendo este supuesto» y ha recordado que el expresidente español José María Aznar concedió 139 indultos a condenados por corrupción.
La líder de Sumar también ha propuesto medidas para restringir los aforos de los cargos políticos, porque «se están utilizando como una protección ante casos de corrupción». Según la número tres del gobierno central, los aforos son para proteger el cargo, no las actividades personales de los diputados o representantes públicos.
