Las empresas VTC (vehículo de transporte con conductor) tradicionales, las que están fuera del control de plataformas como Uber, Cabify o Bolt, han criticado que «se impongan nuevas restricciones discriminatorias al conjunto de las VTC», en referencia a la exigencia de tener el nivel B2 de catalán, y han afirmado que es un «parche normativo e innecesario». En un comunicado, la Asociación VTC-Gran Turismo de Cataluña asegura que en otras «circunstancias no impuestas» no se habrían opuesto, pero muestran su incomprensión por el hecho que se apruebe «por la puerta de detrás» pocos días antes del inicio del Mobile Word Congress (MWC) en Barcelona y a instancia del sector del taxi. Las VTC tradicionales, que dejan entrever posibles movilizaciones durante el MWC, insisten a diferenciarse de los de plataforma y avisan que se pueden perder congresos por el «el exceso de celo en las inspecciones».
El comunicado llega después del acuerdo para hacer que el título B2 de catalán sea un requisito obligatorio para los conductores de las VTC y para taxistas . Según la asociación, este requisito «no tiene ninguna lógica» y rechazan exigir esta titulación a profesionales con años de experiencia y que «en el 95% de los casos» están enfocados a clientes internacionales a quienes se dirigen en inglés.
La patronal del sector avisa que «se está haciendo el agujero para enterrar definitivamente un subsector de la movilidad» y que es «básico» para la economía de Barcelona como ciudad acogedora de grandes congresos y por otros sectores, como el de los hoteles, restaurantes y taxis.
Por otro lado, la Asociación VTC-Gran Turismo de Cataluña insiste a diferenciarse de las VTC de plataforma. «No hacemos trabajo de taxi, no podemos asumir regulaciones restrictivas pensadas desde un sector como el taxi y diseñadas hacia otro que hace su trabajo [en referencia a las plataformas] y que nada tienen que ver con la actividad de Gran Turismo», señala la entidad, que lamenta ser un «daño colateral» entre taxistas y VTC de plataforma.
En este sentido, lamenta el «régimen sancionador y desproporcionado» de la administración y que el protocolo de inspección «criminaliza al chófer antes de comprobar la presunta irregularidad» y todo ello, añade, con los clientes en el interior del vehículo.
Con todo, la asociación se ha mostrado abierta a «negociar» y «ir de cara con la administración». «Se nos ha prometido nuestra diferenciación, no aceptamos más engaños por parte del Parlamento (catalán)», añade el comunicado, que deja entrever que durante el Mobile se harán «oír» así como en otros grandes acontecimientos en la ciudad, como la Copa América. «Esta asociación está dispuesta a boicotearlos, desde dentro y desde forma, porque nuestra gente quiere vivir de su trabajo», advierte.
