Sería ingenuo no afirmar que el mundo vive un momento complejo en términos de las perspectivas energéticas y día a día aumentan las incertidumbres para alcanzar los objetivos de los acuerdos de París evidenciados en la COP 28. Lo que sí es evidente es que la “no actuación” provoca significativas catástrofes meteorológicas que repercuten en incendios, inundaciones, aumentos de las temperaturas, etc.
Muchos son los condicionantes del lento avance, ya por presión de los lobbys (recordemos la posición de la OPEP en la COP), la capacidad de suministro, el precio de la energía que se consumiría, la seguridad en el suministro y producción y transporte, la madurez tecnológica de los sistemas de producción, los vaivenes geopolíticos y las posiciones de los diversos países, que no es ni homogénea ni exigente en igual medida. Esta situación está determinando en el cómo evolucionará el sector, como se acelerará la incorporación de las energías renovables y que grado de riesgos e incertidumbres generará. No obstante, las necesidades de la movilidad, la industria, las edificaciones, tienen necesidades y ritmos diferentes.
Lo que sí es cierto es que no evitar el aumento de 1,5° antes de final de siglo podría tener efectos bastante nocivos para la evolución de los problemas relacionados con el calentamiento global del planeta y el cambio climático. Para muestra el aumento año a año de las temperaturas en todo el planeta.
En el caso concreto de España, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el propio PNIEC establecen el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y un 80% de electricidad basada en renovables para 2030, reducir la dependencia energética del exterior hasta el 51% en 2030, alcanzar el 34% de electrificación de la economía en 2030 e invertir de 247.000 millones de euros entre 2021 y 2030. El 40% de esta inversión se destinará a energías renovables, el 29% a ahorro y eficiencia energética, el 18% a redes energéticas y el 12% a la electrificación de la economía.
El crecimiento de las energías verdes es y será imparable, pese a las constantes contradicciones de los vectores energéticos, o sobre la resistencia de determinados colectivos a su implantación por su impacto en la biodiversidad o de ocupación de espacios o las incertidumbres en las tendencias tecnológicas, los riesgos geopolíticos y el comportamiento de los consumidores.
La experimentación de nuevos vectores y combustibles aún tienen serias dificultades de financiación porque sus costes de producción son muy superiores a los actuales “competidores”, los combustibles de origen fósil. Así pues, pese a la reducción de costos, siguen existiendo importantes barreras porque para realizar dichas inversiones se requiere fuertes ingresos de los sectores públicos y privados para garantizar su financiamiento, con medidas que pueden basarse en fiscalidad, subvenciones, financiación crediticia o lo que se pueda generar, especialmente en materia de infraestructuras, tema que muchas veces aparece como soslayado del debate.
El hidrógeno verde, los ecombustibles, los biogases, las renovables requieren soporte si no no serán viables, ni para la industria, ni para el medio urbano, ni para la movilidad.
En este sentido no se ha de olvidar que uno de los caminos tiene que ver con la producción y consumo de proximidad. Aquí se topará con intereses de las grandes productoras y en ese sentido el Estado ha de promocionar mucho más comunidades energéticas y proyectos de producción y distribución comunitaria, modelos cooperativos y con la participación de la sociedad civil, los gobiernos locales, los sindicatos, los consumidores directos. Ese será otro de los grandes retos de los próximos años.
Finalmente toca a las administraciones y los agentes sociales y económicos trabajar en estrategias de transición energética justa que pueden actuar ahora para dar forma a programas innovadores que tengan en cuenta la incertidumbre y sean consistentes en prever la diversidad de escenarios futuros en un contexto mundial marcado por la evolución geopolítica, preservando un modelo sostenible descarbonizado, que sea inclusivo para toda la sociedad, que garantice el suministro y la competitividad industrial, y con una visión comprometida con una estrategia que garantice una transición justa, solidaria, que asuma la responsabilidad que requiere el futuro de la humanidad.
