En la política actual es más importante decir que hacer. Lo que algunos llaman el relato. Lo que ocurre, demasiado a menudo, es que este relato suele enmascarar una cruda realidad: los políticos esconden bajo el relato lo que no hacen y deberían hacer, que es gobernar. Y gobernar es trabajar para solucionar los problemas de la ciudadanía.
Quisiera explicaros un par de ejemplos de este juego de decir y no hacer del Govern, concretamente en la sanidad.
De un tiempo a esta parte, se ha puesto la salud mental en el centro de los objetivos y las acciones políticas. Sobre una materia que no se hablaba y se escondía, ahora sí toca. Y se habla abiertamente. Incluso destacadas figuras públicas explican sus experiencias, lo que hace que las personas que padecen alguna enfermedad mental no se sientan estigmatizadas. Esto está muy bien.
En este asunto, la Generalitat tuvo una gran idea. Hacer unos anuncios publicitarios donde se espolea a la ciudadanía a telefonear a la sanidad pública y pedir ayuda. El problema está en que pueden darte cita para dentro de un mes, tres meses o medio año. Entonces, ¿de qué sirve llamar? Un problema que se habrá agravado cuando tengas la visita de un médico y te reconozca que en la sanidad pública catalana no hay suficientes psicólogos. Entonces, ¿para qué llamar? Eso sí, mientras tanto una empresa de publicidad ha ingresado unos buenos dineros que, sin ser demagógico, podrían haberse destinado a una partida de los presupuestos de la Generalitat para reforzar la atención sanitaria, sobre todo la primaria, tan dañada desde los recortes del Govern de Artur Mas con el consejero Boi Ruiz al frente y que ningún otro gobierno ha revertido. Algunos porque han estado preocupados solamente por ser los más independentistas y otros porque ya tuvieron suficiente con luchar contra la pandemia. No han aprendido nada. Seguimos igual, con una atención primaria pública con recursos mínimos. Si se quiere ir rápido sólo queda la opción de ir al sector privado, excepto cuando el paciente padece de cáncer o necesita una cirugía cardíaca. En estos casos, la sanidad pública sí garantiza una atención adecuada y rápida.
Seguimos con salud. Pongamos un segundo ejemplo y en este caso hablamos de un ciudadano que no tiene ninguna mutua porque cree en la sanidad pública. Pongamos que se dirige a su médico de familia porque le duelen las rodillas, sobre todo la derecha. Este facultativo le pide una radiografía y una resonancia. La radiografía va rápida (un par de horas de espera en el mismo CUAP pues había un pequeño hueco), pero el paciente sigue con dolor de rodilla y tendrá que esperar ¡10 meses! para que se le haga una resonancia. La sanidad pública no tendrá aparatos para esta prueba, piensa el ciudadano, ya que se le deriva a una clínica privada. Ya han pasado ¡10 meses! desde la primera consulta y con el resultado de la resonancia vuelve a pedir cita a su médico, que le recibe en dos semanas. La visita dura unos minutos. Hará falta que le visite un especialista, lo que era previsible. Otros cinco meses de espera. Ya hace ¡15 meses! que se dirigió por primera vez a su médico del CUAP. El especialista confirma lo que el resultado de la resonancia dice y que tanto el paciente como el médico de familia ya han leído: tiene una fisura en el menisco derecho. El traumatólogo cree que tendrá que hacerse una artroscopia, pero no depende de él. Será un operador quien acabará decidiendo. Ya le llamarán algún día. Sorprendentemente, el menisco de la rodilla izquierda está roto, pero en este caso no será necesario hacer nada.
Según los datos de la propia Generalitat a fecha 19 de febrero, las consultas externas de especialistas son desde 30 días a tres meses. Las pruebas diagnósticas también deben realizarse entre 30 días y tres meses. En cuanto a la artroscopia, según los mismos datos, existen 60 días para operar desde la decisión del cirujano. El ciudadano estará pendiente de la llamada telefónica. Por cierto, los dos especialistas de traumatología no forman parte de la plantilla de la sanidad pública catalana, esta que tanto dice defender nuestro gobierno que se autodenomina de izquierdas. Son de una entidad privada a la que se le pagan los servicios con dinero público y así engorda sus beneficios. Eso sí, la publicidad gubernamental nos dice que las listas de espera cumplen con la regulación que la propia Generalitat se ha dotado. ¿Y qué piensa el paciente? Que los actuales gobernantes son los herederos de ese Jordi Pujol que decía que hacía una cosa y hacía otra. Hipocresía institucionalizada.
