Las familias de agricultores y ganaderos son el factor decisivo que vertebra y mantiene con vida el territorio de Cataluña. Sin su presencia y resistencia, el Principado, más allá de las grandes conurbaciones industriales y turísticas, sería un gran páramo desolador e invadido por bosques abandonados y enfermos.
Por consiguiente, el arraigo y la continuidad de las poblaciones agrícolas -en masías y núcleos rurales- es una conquista fundamental de la civilización que hay que preservar, cueste lo que cueste. Vivir en el campo y del campo tiene que ser un buen negocio, para que los que han tomado esta opción y resisten los cantos de sirena de la ciudad obtengan unos ingresos gratificantes que les compensen el gran sacrificio personal y familiar que hacen.
La agricultura y la ganadería no son solo el “sector primario” de la economía. Estas actividades son las que explican, garantizan y dan continuidad a la existencia de Cataluña. Por consiguiente, es obligación de las administraciones –con la Generalitat al frente– y de la sociedad catalana el velar por su supervivencia, su calidad de vida (sanidad, educación, comunicaciones…) y su prosperidad.
Situados en el año 2024, el sector agrario catalán afronta dos grandes retos: la viabilidad económica de sus explotaciones y, por consiguiente, la continuidad del histórico modelo de negocio familiar, a causa de la feroz competencia provocada por la globalización de los mercados; y la sequía estructural que se ha instalado en la cuenca mediterránea y que colapsa las técnicas y la tipología de los cultivos que tenemos, tanto de secano como de regadío.
Adaptarse o morir. De esto, el campesinado sabe un rato, pero ahora, además, necesita la ayuda de las administraciones y de todos nosotros para salir adelante. La Generalitat tiene que aconsejar y guiar a los agricultores y ganaderos en la doble revolución que implica la apertura internacional de los mercados y la drástica reducción del volumen de agua disponible para hacer funcionar las explotaciones. Hay productos que aquí han devenido comercialmente y/o ecológicamente inviables y, en cambio, hay otros que, bien promocionados y distribuidos, pueden ser una mina de oro.
En Cataluña quedan unos 53.000 agricultores, de los cuales unos 22.000 son pequeños propietarios autónomos y 31.000 son asalariados. Para tener una referencia, en 2001 había 73.000. La situación es muy complicada, a causa del inexorable envejecimiento del campesinado catalán y, en muchos casos, la falta de relevo generacional para dar continuidad a las explotaciones.
Por muchas razones -de equilibrio territorial, de ordenación de la naturaleza, de biodiversidad, de medio ambiente…-, es imprescindible fijar, incentivar y mantener viva la ruralidad. Sabiendo, además, que es un rico y saludable reservorio de trabajo, con capacidad para atraer y acoger a miles de personas que quieran disfrutar del aire libre y de la calidad del contacto con los bosques y los ríos.
No hay que caer en el fatalismo del envejecimiento y del despoblamiento de las comarcas agrícolas y de montaña. Al contrario, los estragos del cambio climático y el colapso de las urbes harán de la vida en el campo una alternativa necesaria y atractiva. El movimiento de repoblación del mundo rural es un horizonte plausible, siempre que haya los servicios y las comodidades que exige una sociedad occidental del siglo XXI.
Los catalanes, como consumidores, debemos hacer militancia para favorecer la economía de nuestra payesía. En este sentido, hace falta que la administración obligue a los supermercados para que privilegien y promuevan los productos locales y de proximidad. Los intermediarios que obliguen al agricultor o al ganadero a vender a pérdidas tienen que ser denunciados sin miedo, perseguidos y sancionados.
