Nada más terminar el verano, Putin intentó dar algo de emoción a las elecciones presidenciales rusas que se celebrarán el próximo mes de marzo diciendo que no había tomado todavía ninguna decisión respecto a su candidatura. Si alguien lo creyó, seguramente vería desvanecidas sus dudas el 13 de octubre, cuando los tres abogados del encarcelado líder opositor Alexei Navalny fueron detenidos bajo la acusación de pertenecer a una organización extremista, el Fondo de Lucha Contra la Corrupción, fundado por el propio Navalny. Hoy Vadim, Kobzev, Igor Sergunin y Alexei Libster afrontan la posibilidad de ser condenados a penas de hasta seis años de cárcel.
El siguiente paso fueron gestos destinados a contentar a la cada vez más influyente iglesia ortodoxa y a los sectores conservadores de la sociedad rusa. El movimiento LGTBI se prohibió en noviembre, una jugada que también permite deshacerse de elementos incómodos para el régimen sin necesidad de accidentes extraños con ventanas, mientras que el derecho al aborto, legal en el país desde 1920, se ha ido recortando hasta el punto de que son varias las regiones que han prohibido la interrupción del embarazo en centros privados, cosa que lo hacen imposible en numerosas zonas de Rusia. Ahora se quiere ir aún más allá y un grupo de diputados cercanos a Putin ha presentado en la Duma una propuesta de ley destinada a «aumentar la natalidad reduciendo el número de casos de interrupción artificial del embarazo a petición de una mujer». Los impulsores de la ley argumentan que «hay pocas mujeres nacidas en los años 90, así que prohibiremos que tanto ellas como las de más edad interrumpan el embarazo».
El tercer paso se dio el 6 de diciembre. Fue una visita relámpago a los Emiratos Árabes destinada a mostrar al público interno que podía moverse libremente por el mundo a pesar de la orden de captura emitida por la Corte Penal de La Haya. Pero el verdadero objetivo era ganar el apoyo de los oligarcas rusos que han encontrado en el calor de los países del golfo el lugar ideal para eludir las sanciones internacionales a través de unas transacciones que han permitido que el comercio entre Emiratos Árabes y Rusia haya aumentado un 68% desde 2022.
Putin presentó su balance a los oligarcas de la diáspora arábiga: un frente de guerra relativamente en calma y sin retrocesos importantes y un crecimiento económico basado en el pleno rendimiento de una industria militar de la que la mayoría de grandes fortunas rusas se benefician.
También les traía un regalo en forma de lo que podríamos llamar Ley «Antitransparencia», un decreto que permite a Rosneft, la empresa petrolera estatal, y otras 45 sociedades anónimas afiliadas decidir a su discreción qué información sobre sus actividades deben revelar y cuál no. Una forma como otra de garantizar que, si eres amigo del presidente, podrás hacer cualquier cosa en el mundo de los negocios.
El gran día llegó el 8 de diciembre, cuando Putin accedió, aparentemente a regañadientes, a petición de un grupo de militares, de madres de soldados, un médico y un minero, a presentarse a su quinta reelección.
Al poco tiempo, el líder opositor Alexander Navalny desaparecía de la colonia penal donde estaba encarcelado sin que nadie supiera el motivo. El Kremlin se desentendió totalmente de su suerte. De hecho, su portavoz, Dimitri Peskov, aseguraba que «no tenemos ni intención ni posibilidad de conocer la suerte de los presos». Milagrosamente, el opositor reapareció en Navidad en un remoto gulag del Ártico una vez la maquinaria electoral estaba puesta en marcha y anuladas sus escasas posibilidades de interferir.
Putin cuenta hoy con el apoyo de dos partidos políticos, Rusia Justa y Rusia Unida. El Partido Comunista concurrirá con un candidato que se niega a explicar por qué votarle a él y no al actual presidente o qué hace mejor su candidatura. Los posibles votos contrarios se han dispersado, por lo que hoy existen 29 candidaturas. Si algún opositor se asoma un poco más de la cuenta ve cómo su solicitud a concurrir a las elecciones se deniega por razones de procedimiento, tal y como le ha ocurrido a la candidata antiguerra Ekaterina Duntsova, a la que se comunicó la decisión sin darle tiempo material de solucionar los errores administrativos aducidos por la Comisión Electoral Central. Yabloko, el único partido de oposición tolerado, ha anunciado que no se va a presentar a las elecciones.
Ahora sólo queda un candidato que se haya manifestado contra la guerra. Se trata de Boris Nadezhin, de Iniciativa Civil, quien también se muestra favorable a rehacer relaciones con Occidente. Parece ser el elegido para dar una pátina de legitimidad a unas elecciones que se leerán como un fracaso para Putin si no alcanza el 80% de los votos.
