El Gobierno de España ha afirmado que respetará «por supuesto» la decisión que adopte la Audiencia Nacional sobre la atribución del delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic, que afecta al expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont, tras las críticas vertidas por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press han indicado que el ejecutivo respeta a los jueces y sus decisiones, aunque «a veces, no comparta algunas de ellas».
Este posicionamiento trasciende horas después de que Ribera, en TVE, dijera que el juez Manuel García Castellón, que rechazó el recurso de la Fiscalía contra su decisión de enviar al Tribunal Supremo la causa de Tsunami Democràtic por terrorismo, ha mostrado una «tendencia a pronunciarse siempre en una misma dirección».
En particular, la vicepresidenta ha dicho que «nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección que, evidentemente, tiene una implicación política importante y que suele salir a colación en momentos políticos sensibles», y que «siempre tiene mucho acierto en las fechas en las que salen estas afirmaciones».
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha alineado con este parecer, señalando la existencia de «determinadas decisiones temporales que llaman la atención», si bien ha manifestado «mucho respeto» por el poder judicial y sus decisiones. Puente ha considerado que llama la atención que se trate de «hechos de 2019» y que «cada vez que hay un debate público sobre estos temas se produzca una resolución del juez».
