El secretario general de Junts, Jordi Turull, declaró que el traspaso de competencias en materia de inmigración al gobierno de la Generalitat prometido por el PSOE debe servir para expulsar a los migrantes multirreincidentes: “Tenemos que mirar en qué condiciones se les puede echar”.
Turull denuncia que las personas que cometen pequeños delitos, sobre todo robos por la calle o en domicilios, acumulan detenciones pero nunca entran en prisión para temporadas largas. «Hay inmunidad para una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga». Habla, claro está, de personas que proceden de otros países porque no se puede expulsar a los delincuentes multireincidentes nacidos o nacionalizados aquí.
Yo, si fuera un delincuente reincidente de éstos y me ofrecieran la alternativa de entrar en prisión o ser expulsado del país, me apuntaría a la segunda opción. Valoro mucho la libertad y, además, estoy convencido de que encontraría la manera de volver a entrar en el país del que me han echado.
Por otra parte, para expulsar a una persona al Estado del que proviene es necesario que lo acepten allí. Con muchos países no hay tratado de extradición que lo permita. Lógicamente, Catalunya, que no es un país independiente, no tiene tratado de extradición con ningún Estado y, por tanto, difícilmente se podría expulsar a nadie sin pasar por la administración central.
Con las tortas que hay en Europa en materia de política de migraciones sólo faltaría que llegara ahora una comunidad autónoma diciendo que quiere organizar la suya a su aire.
Total, que me temo que estamos ante un debate condenado a quedar en agua de borrajas, lo que no quiere decir que Cataluña y el conjunto de comunidades autónomas españolas no tengan que coordinar sus acciones en relación en la acogida y trato de las personas inmigrantes. Pueden hacer mucho más de lo que hacen. De la misma forma que se coordinan periódicamente para acordar las medidas a adoptar en el ámbito sanitario sería bueno que también compartieran decisiones y políticas en la cuestión migratoria.
En Cataluña contrasta la concentración de 170.000 personas en una manifestación en Barcelona hecha bajo el lema “queremos acoger” en febrero del 2017 con que siete años después contemplamos cómo uno de sus partidos principales pide “queremos expulsar”.
Los catalanes que se manifestaron en 2017 quizás tenían mejores intenciones que poder el gobierno de su comunidad para concretarlas. Entre las dos Catalunyas prefiero la de entonces reconociendo que aquella voluntad dio muy pocos frutos. Entre la Cataluña de la ilusión y la de la expulsión me quedo, sin embargo, con la primera.
La multireincidencia impune es un problema, evidentemente. La solución del mismo no pasa, sin embargo, por competir por ver quién es el primero en expulsar a quienes incurren en ella.
