Cuenta Paul Preston que los generales Franco y Mola creían en la existencia del “contubernio judío–masónico-bolchevique”. Con esa alucinación emprendieron su “cruzada”, preludio y en el marco de lo que sería la II Guerra Mundial.
El 19 de julio del 36 Mola proclamó el estado de guerra en Pamplona para salvar y purificar a España. Acción violenta que redujese lo antes posible al enemigo, castigos ejemplares que restableciesen el principio de autoridad, sensación de dominio, sembrar el terror y eliminar a los que no pensaban como ellos.
El 13 de abril del 37, el ya generalísimo Franco le explicó al embajador italiano que una guerra rápida se libra contra un enemigo extranjero, pero la guerra civil tenía que dilatarse hasta eliminar toda resistencia, acabar con la disidencia y purgar el territorio ocupado. Guerra lenta de exterminio, como hicieron Queipo de Llano en Málaga y Sevilla y Yagüe en Badajoz.
La represión franquista, de julio de 1936 a noviembre de 1975, tuvo varias etapas. En la guerra se persiguió y se aniquiló sin contemplaciones. Las bandas falangistas asesinaron y se incautaron bienes ajenos con impunidad. Hasta mediada la década de los 50 se utilizó la jurisdicción militar. El Concordato con el Vaticano, el tratado con EE.UU., el ingreso en la ONU y el incremento de la conflictividad obrera y estudiantil, les obligó a pasar a la jurisdicción civil el sistema represivo principal. Sustituyeron el tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo y el tribunal especial militar.
Desde diciembre de 1963 hasta enero de 1977 el Tribunal de Orden Público asumió la política represiva y utilizó a la Brigada de Investigación Social como policía judicial, que obtenía declaraciones y delaciones mediante la tortura. Un estudio de Juan José del Águila concluye que incoó 22.600 expedientes que implicaron a unas 53.500 personas, dictó 3.889 sentencias de las que el 75% fueron condenatorias, impuso 11.713 años de prisión y más de 31,5 millones de pesetas en multas. Pero la correlación de fuerzas no les fue siempre favorable.
El auto de procesamiento 1295/71 del juez Mariscal de Gante dice: con el fin de programar y llevar a cabo acciones subversivas que alteraran el normal funcionamiento de la SEAT, y en fecha anterior al 18 de octubre de 1971 en que tuvieron lugar graves alteraciones de orden público, hubo reuniones en las que se realizaba un borrador a mano con temas subversivos que se leía a los reunidos, y si era aprobado, se pasaba posteriormente a máquina y en la siguiente reunión se entregaba impreso a multicopista, para que se lo llevasen los trabajadores en activo de la factoría. Considera delitos de reunión no pacífica y de propaganda ilegal.
En la sentencia 118/75, el TOP presidido por el juez Mateu, se declara probado que hubo tensiones y conflictos antes del mes de junio de 1971 en la factoría de la SEAT, que se sucedieron hasta culminar el día 18 de octubre en incidentes de amplia proyección interior y exterior a la empresa, que los despedidos mantuvieron conversaciones, contactos y asistieron a Juntas a las que también concurrieron miembros de Comisiones Obreras. Pero no les consta que los encartados militasen en el PSUC y CCOO y que de la prueba practicada en autos no se ofrecen elementos de juicio bastantes para dictar en conciencia el fallo condenatorio y nos absuelven de los “delitos de asociación ilícita y de propaganda ilegal”.
Es evidente que no se atrevieron a procesarnos por las “acciones subversivas” de ocupación de la factoría de la SEAT, ni por el enfrentamiento con la policía a pie y a caballo, en el que mataron al compañero Antonio, ni por la huelga de más de dos semanas en las que tuvimos en jaque a la policía por toda Barcelona, ni a condenarnos por los “delitos de reunión no pacifica, propaganda ilegal y asociación ilícita”.
La larga existencia de la dictadura franquista no se entiende sin su capacidad de adaptación a los cambios económicos, políticos y sociales, internos y externos, junto a la determinación y falta de escrúpulos para eliminar la disidencia. El dictador autorizó penas de muerte hasta días antes de la suya.
Las luchas obreras y estudiantiles consiguieron avances significativos que culminaron con la promulgación de la Constitución del 78. Aunque el Estado social y democrático de derecho que establece se oscurezca por una práctica neoliberal deplorable.
