El análisis del discurso político ha sido un área de investigación que pretende entre otras cosas, dilucidar a que se debe que ciertos discursos tengan éxito electoral a pesar de que su certeza y realismo dista mucho de ser evidente. Los expertos en sociología y ciencia política apuntan que la elección de un candidato político puede estar influenciada por muchos factores de entre los que resaltan: la afiliación partidista, la ideología, el carácter, carisma, e historial del candidato, su posicionamiento sobre temas específicos, la publicidad, etc. Sorprendentemente, dentro de estos factores no se encuentran los que deberían ser cruciales:
- Tener constancia de que el candidato en cuestión sabe lo que tiene que hacer para resolver los problemas sociopolíticos que denuncia y que afectan a los votantes.
- Acreditar su voluntad política para resolverlos.
- Acreditar su capacidad para acceder o movilizar los recursos (humanos, técnicos y económicos) necesarios para resolver los problemas sociopolíticos que afectan a la ciudadanía.
Es decir, parece ser que la inmensa mayoría de votantes son (somos) insensibles a la verdadera capacidad del político al que votan para resolver los problemas y necesidades que nos afectan. En tales circunstancias, la pregunta crucial es: ¿Las decisiones políticas democráticas son correctas por ser democráticas o por haberse fundamentado en el conocimiento aportado por los expertos? En la política contemporánea, el saber objetivo de la tecnociencia y por tanto de los expertos, favorece no solo el comportamiento racional de la política si no que aumenta las posibilidades de conseguir las metas que el político propone. Por “expertos” entendemos aquellas personas reconocidas como fuente fiable y con autoridad sobre temas concretos que van desde los ámbitos jurídicos hasta los económicos, sociales y tecnocientíficos. A efectos prácticos, el experto es la persona que satisface las necesidades de conocimiento al político.
Es a partir de ese momento cuando el poder debe y necesita acceder al saber de los expertos científicos y técnicos para alcanzar las soluciones políticas a través del razonamiento. Este acercamiento entre política y conocimiento tecnocientífico implica que ambos tienen la responsabilidad de informar públicamente con datos y hechos reales, claros y objetivos, que no enmascaren la realidad social. El papel de los expertos debe entenderse desde dos perspectivas. La primera es facilitar la toma de las mejores decisiones políticas posibles y la segunda es asentar el derecho a la información libre y veraz como pilar de cualquier sistema democrático. Desde una perspectiva moderna y eficaz la incorporación del mundo de los expertos a la política solo puede contemplarse como una ventaja que permite a las sociedades alcanzar mayores cotas de poder y bienestar.
Hoy día, es comprensible, necesario y deseable que los políticos recurran a los expertos cuando tienen que tomar decisiones complejas y multidisciplinares. Por ello, en la misma medida que la complejidad social y la globalización aumentan, lo hace la creación de órganos de expertos independientes y frecuentemente internacionales. La problemática ecológica es un caso típico: sabemos que las causas de los problemas medioambientales son globales y por tanto sus posibles mitigaciones, están en gran medida vinculadas al conocimiento tecnocientífico y a las decisiones políticas internacionales.
En conclusión, la política democrática actual legitima al político elegido de acuerdo con las normas democráticas vigentes. Sin embargo, esa legitimación no implica ninguna garantía de que el político elegido democráticamente conozca la solución de los problemas que le conciernen, ni que tenga voluntad de resolverlos ni siquiera que sepa como movilizar los recursos para hacerlo. Por tanto, no nos queda más remedio que asumir la postura de John Dewey, que abogaba por una opinión pública plenamente informada mediante la comunicación efectiva entre ciudadanos, expertos y políticos, siendo estos últimos plenamente responsables ante la ciudadanía de las políticas adoptadas. El conocimiento (mundo de los expertos) y la acción política (mundo de los políticos) constituyen las esencias de la política del futuro. Entendemos que es irrenunciable que los expertos aconsejen e informen tanto a los políticos como a la ciudadanía, pero corresponde a los políticos la responsabilidad última de decidir y actuar.
A nuestro entender, no cabe duda de que la renovación y mejora del sistema político que pueda resolver los problemas sociopolíticos y satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía, sólo puede alcanzarse a través de la acción conjunta de políticos y expertos independientes y acreditados.
