Como la historia tiende a repetirse, especialmente Joan Laporta si se trata de replicar y empeorar sus errores y desaguisados, puede decirse que, en materia de censo, también lo ha vuelto a hacer generando otra masa de barcelonistas de dudosa fidelidad, origen y motivación. Otro invento extravagante que, en un tiempo récord, ha provocado un extraño y confuso escenario por una precipitada fuga de socios, tanto más incomprensible tratándose de 2.700 socios abonados de Montjuïc que han decidido renunciar a su condición de socio, en términos absolutos el 16% de los que decidieron seguir acompañando al equipo en el exilio. Como siempre, a la vicepresidenta institucional Elena Fort le ha tocado dar explicaciones a falta de un responsable del área social que pueda ser una referencia para el barcelonismo. “De los 16.864 abonados de Montjuïc hay 2.700 que no se han censado. Es un número realmente asombroso. Pensamos que puede haber una bolsa de fraude. Lo estudiaremos”, ha respondido a preguntas de La Vanguardia en otro alarde de indolencia y de distancia con respecto a la realidad del club y del calvario al que la junta somete cada semana esos socios que no saben dónde podrán sentarse, pues lo decide alguien del departamento de Ticketing arbitrariamente, eso siempre y cuando que no olviden avisar al club de su intención de ver cada partido como si fuera algo extraordinario a pesar de su estatus de afiliado a propietario de un pase de temporada.
Por si Elena Fort no lo sabe, la prioridad y los denodados esfuerzos desde la junta por atender y ofrecer los mejores asientos a los turistas y visitantes, que a menudo exigen comprar localidades juntas, son una práctica habitual que va en detrimento de los propios barcelonistas y que podría explicar ese golpe bajo al alma del club como es la evasión en un porcentaje tan elevado. Más que una bolsa de fraude aparecida de la nada puede hablarse, entre otras causas, de un verdadera tomadura de pelo a cientos de aficionados a los que, de pronto, se les han quitado las ganas de seguir manteniendo el carnet y el abono, dos bienes evidentemente devaluado con la reentrada de Laporta al palco del Camp Nou. Un déjà vu en realidad si en el colectivo de esos 2.700 huidos también se pueden identificar socios admitido con cierta frivolidad y descontrol a la hora de conceder el carnet sin limitaciones ni coste, es decir más interesados en hacer negocio con esa localidad del Lluís Companys, lo mismo que algunos ya se aprovechaban en el Camp Nou, que en servir al club desde la lealtad, el compromiso y el sentimiento azulgrana.
El caso es que en 2004, al año de alcanzar la presidencia, Laporta contó con el inestimable y e infalible instinto destructor e ignorante del entonces vicepresidente Ferran Soriano, autoproclamado director general para ahorrarse un CEO igual que ahora sucede, para impulsar el Gran Repte, promoción que permitía a cualquier ciudadano del mundo darse de alta por la mañana y por la tarde adquirir un abono en el mercado negro. Las expectativas de Laporta y Soriano fueron las de alcanzar rápidamente el millón de socios, lo que habría significado un ingreso extra de más de 70 millones de la época. El resultado fue, sin embargo, un aluvión de socios ‘bebé’ e ‘infantil’ en respuesta a los packs de promociones que pusieron de moda ‘regalar’ carnets a recién nacidos, nietos y sobrinos. La apertura sólo sirvió, en general, para la entrada de desalmados, reventas y defraudadores que, con el tiempo, gracias sobre todo a las finales y a los Clásicos, se hicieron de oro sirviendo a un mercado negro de agencias y de hoteles con ganancias de hasta cuatro, cinco o seis veces su valor. La propia junta de Laporta que toleraba este enriquecimiento de terceros participó en escándalos insuperables como la desaparición de las entradas para la final de Champions de París o la manipulación vergonzosa del sorteo para la de Roma, invariablemente a favor de amiguetes de la directiva y en contra de miles de socios que, tanto en el Stade de France como en el Olímpico de Roma, hubieron de comprobar cómo pastillas enteras de las gradas del sector azulgrana las ocupaban seguidores del equipo rival compradas a un precio sideral.
En definitiva, la frustrada iniciativa produjo un mínimo aumento de socios senior, irrelevante, y un efecto pernicioso a lo largo de muchos años, un nido de podredumbre y de estafadores que, cuando se pasó el rastrillo en el censo impulsado por Sandro Rosell entre 2012 y 2015, redujo el volumen de socios de 170.110 a 144.756, un 14% del total, de los cuales 10.505 causaron baja por defunción y 14.849 por irregularidades o por no pagar la anualidad. Puede afirmarse que más de 10.000 de los socios, o quizás más, no fueron capaces de demostrar su identidad cuando se les pidió hacerlo. Se contaron por miles y miles los nombres y los datos falseados, foto incluida, que la administración de Laporta acreditó y aceptó como socios y abonados. Ese grueso de carnets usados perversamente desfiguraba y corrompía los sorteos para desplazamiento y finales, pues les permitía acumular miles de peticiones en bloque y curiosamente verse favorecidos por la ‘suerte’. Laporta llegó a ampliar veinticuatro horas más, por sorpresa, el plazo para el sorteo para la final Roma produciéndose la casuística nada casual de que el sorteo sonrió exclusivamente a quienes se reapuntaron en ese tiempo extra del que no se enteró el resto de los socios.
También diferenció radicalmente la junta de Rosell de la de Laporta la consecuencia de esa limpieza del tejido barcelonista que permitió adjudicar 1.038 abonos de golpe para aquellos socios que estaban en en la lista de espera desde los tiempos de Laporta, pues entre 2003 y 2010 los asientos liberados cada año, entre 150 y 300, se adjudicaban a dedo a familiares, amigos y agencia demasiado próximas a la directiva de Laporta. El proceso censal, que requirió invertir importantes recursos y contactar puerta a puerta con cada socio, incluso a domicilio en casos especiales por falta de movilidad de barcelonistas de edad, se completó con la adopción de medidas de conservación de la masa social catalanista y arraigada pues se cerró el acceso universal, limitando la filiación a familiares de primer y segundo grado, dejando la puerta abierta del carnet de compromiso para el aspirante sin ese vínculo de sangre consistente en pagarlo durante tres años sin ningún derecho, a fondo perdido antes de obtener el definitivo.
Lo que hizo Laporta a su regreso fue exactamente lo opuesto -nada original-, aboliendo ese control de ‘calidad’, deteniendo la lista de espera otra vez y abriendo el registro a todo el mundo. El efecto fue pasar de 137.514 en 2021 (141.846 prepandemia) a 144.646 según la memoria 30 de junio de 2023 y a 141.309 según la misma junta en la misma fecha, abundando en ese descontrol que ahora mismo domina la propia gestión del club. Con razón la vicepresidenta Elena Fort no sabe quiénes son esos 2.700 abonados que se han borrado prácticamente a los seis meses de comprar su pase anual. Si era una bolsa de fraude, como sospecha, es porque su propia normativa lo ha permitido y han salido por piernas porque la reventa en el Lluís Companys no es un chollo como lo era el Barça de Laporta en otros tiempos. No se aclaran.
