Las empresas y las personas estamos crujidas a impuestos. Esta es una de las bases del Estado de bienestar y lo tenemos que asumir, en el objetivo de conseguir una sociedad más justa, próspera y equitativa. De acuerdo. Pero, del mismo modo que los ciudadanos estamos sometidos a las obligaciones tributarias, las administraciones del Estado (Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos…) tienen la responsabilidad de emplear el dinero público salido de nuestros bolsillos con rigor extremo y honestidad.
El control exhaustivo del gasto público tendría que ser la tarea prioritaria de los partidos que ejercen de oposición en las instituciones. Desgraciadamente, no siempre es así. Ya sea porque los políticos en el gobierno actúan con premeditada opacidad o bien porque la oposición no tiene los técnicos ni los medios para hacer correctamente la tarea de fiscalización que le corresponde.
Es por esto que existen organismos como el Tribunal de Cuentas en España o la Sindicatura de Comptes, en el caso de Cataluña. Su función es analizar en profundidad la gestión financiera de las instituciones democráticas y señalar los excesos o los errores que puedan cometer los políticos en el poder en la administración del dinero público.
Los informes de estos organismos fiscalizadores tendrían que tener, por higiene democrática, consecuencias judiciales, en caso de detectarse irregularidades contables. En Cataluña tenemos cuatro casos escandalosos de presunto derroche presupuestario: la construcción de la línea 9 del metro, las obras de la futura estación de la Sagrera, los sobrecostes del canal Segarra-Garrigues, la gestión de los tranvías de Barcelona y la implementación de la nueva T-Mobilitat.
Por aquí se han perdido, en los últimos años, centenares y miles de millones de euros de dinero público a través de presupuestos hinchados deliberadamente para enriquecer a las empresas adjudicatarias y, quién sabe si también a bolsillos poco honorables. El último informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión financiera del Trambaix y del Trambesòs pone los pelos de punta.
Los tranvías de Barcelona están explotados por dos empresas privadas, que obtuvieron la concesión en 2000 y 2003. Pero, según han constatado los analistas de la Sindicatura de Comptes, estas empresas no arriesgan ni un euro y se dedican a cobrar cada año una morterada de millones de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), un consorcio público formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana, que les cubre todos los gastos e, incluso, les garantiza un beneficio anual del 10% y el pago del impuesto de sociedades.
La inversión prevista para poner en marcha estos dos tranvías era de 422,3 millones, pero, hasta ahora, ya han chupado 824,5 millones de dinero público. Además, la ATM les ha alargado la concesión inicial, que era de 25 años, hasta el año 2032, para que puedan continuar enriqueciéndose a placer.
Para más inri, los tranvías de Barcelona han sido un refugio dorado para altos cargos convergentes inmersos en escándalos de corrupción, como es el caso de Josep Maria Cullell, que fue presidente entre 2011-16; o Felip Puig, entre 2016-21. El actual director general y hombre fuerte de la ATM, Pere Torres, fue nombrado en 2016, durante el mandato de Carles Puigdemont, y es el máximo ejecutivo de la gestión de un presupuesto de 1.500 millones anuales.
Pere Torres es también el responsable del desastre de la T-Mobilitat, la tarjeta digital que sustituye a los billetes de cartón de los transportes públicos y que justo ahora ha empezado a entrar en servicio, con muchos problemas técnicos sin resolver. El proyecto fue encargado por la ATM a la empresa SocMobilitat en 2014, con un presupuesto de 60 millones de euros. Las previsiones eran que la nueva tarjeta pudiera empezar a ser operativa ¡en 2015! En paralelo, el presupuesto de la T-Mobilitat también ha crecido de manera exponencial y de los 60 millones previstos se ha pasado a casi 160 millones de euros. Inconcebible.
La línea 9 del metro de Barcelona es el paradigma de una gestión nefasta y dolosa del dinero público. Las obras empezaron en 2003, con un presupuesto de 1.947 millones de euros y, según las previsiones oficiales, tenían que estar acabadas en 2007. Han pasado 20 años y, todavía hoy, falta por acabar el tramo central que, según el departamento de Territorio de la Generalitat, entrará en servicio en 2029.
El presupuesto también se ha disparado y ya supera los 6.100 millones. Además, las obras del tramo central han sido valoradas en 926 millones, con lo cual el coste final del proyecto rebasará los 7.000 millones y se habrá más que triplicado. La Sindicatura de Comptes ha hecho informes demoledores sobre la escandalosa desviación presupuestaria en la ejecución de la línea 9.., pero aquí no ha dimitido nadie ni se ha abierto ningún procedimiento penal contra los responsables de este escándalo.
¡Que no pare la fiesta! Otro informe de la Sindicatura de Comptes, del pasado mes de julio, cifró en 294,6 millones el sobrecoste en las obras de construcción del canal Segarra-Garrigues, además de detectar un rosario de irregularidades en su ejecución. El proyecto se presupuestó en 1.782,2 millones y acabará costando 2.076,8 millones, con una desviación del 16,5%, a cargo del erario público.
Como mínimo, Adif, empresa responsable de la construcción de la gran estación intermodal de la Sagrera, con un presupuesto de 650 millones de euros, ha actuado con contundencia. Detectó una trama corrupta de empresas contratistas que se había embolsado 82 millones con facturas hinchadas, lo denunció a la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil detuvo a 16 implicados en este conchabeo.
Mientras tanto, el caso del 3% de financiación ilegal de CDC -destapado a raíz de una denuncia presentada por una exconcejal de ERC de Torredembarra- todavía continúa pendiente de juicio, ocho años después. El presidente Pasqual Maragall ya alertó de estas prácticas corruptas el año 2005 en el Parlament y fue obligado a retractarse.
