La reforma de la norma que regula los subsidios de paro anunciada por parte del gobierno central ha provocado un choque entre los ministerios de Economía y de Trabajo, es decir, entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, respectivamente. En declaraciones en el Congreso, Díaz ha expresado este miércoles su «absoluta disconformidad» con la propuesta de Economía, que plantea un subsidio gradual de 480 euros al mes -el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)- en el que los beneficiarios reciben más dinero al inicio de la prestación y menos al final, y que busca introducir más control para que los parados acepten propuestas de trabajo.
Díaz ha rechazado de forma tajante esta propuesta en las puertas de la cámara baja y ha recordado que su ministerio lleva «meses» trabajando en esta reforma que es «competencia» suya, y no de Economía. «Ya les garantizo a los trabajadores de nuestro país que esta vicepresidencia no propiciará ningún recorte en materia de desocupación», ha asegurado la titular de Trabajo. Los subsidios a la desocupación son parte de la prestación de paro y actualmente los cobran 800.000 personas que ya han agotado el paro y cumplen ciertos requisitos, o que no han cotizado el mínimo de 12 meses para poder recibir el paro.
La ministra de Trabajo ha prometido que la reforma que ella impulsará «tiene que ver con ganar derechos y con la ampliación de las subjetividades en la prestación del subsidio por desocupación»: «Recordamos que (este subsidio) lo cobran las personas que agotan su prestación contributiva y se quedan sin nada», ha destacado Díaz, que ha explicado que el objetivo es «ampliarlo y eliminar aspectos burocráticos como el mes de espera». Además, defiende que sea un subsidio «compatible con la actividad laboral», porque «muchas veces, con trabajo de corta duración no se podían acompasar las dos realidades».
