La polémica actualización del censo llega a su fin en silencio y con misterio

Gracias a la intervención del síndico del socio, el jueves se cierra tras un mes de prórroga envuelto en la pasividad de la junta y la sospecha de que miles de socios pueden perder su abono y su antigüedad

Joan Laporta

El jueves de esta semana, día 30 de noviembre, se cierra una actualización del censo, obligatoria para la totalidad de los barcelonistas, que llega envuelta en cierta controversia debido a que, pese a la posibilidad de realizarlo fácilmente de forma digital, la junta directiva hubo de realizar una ampliación del plazo a petición del síndico del socio, Joan Manuel Trayter, retrasando un mes un trámite que habría dejado a más de 30.000 socios fuera de circulación de haber finalizado a finales de octubre, como estaba previsto. La polémica, además de esta apatía de la masa social, viene dada por las diversas circunstancias concurridas, como un parón por causas técnicas, y porque hubo de retirarse el protocolo disparatado de realizar un registro de voz como mecanismo de identificación llegado el caso. En el tramo final, los socios más sensibles y preocupados -más incluso que la propia junta- han venido denunciando la pasividad directiva a la hora de promover esta actualización impulsada ciertamente desde dentro, aunque con dudas y titubeos técnicos que han dado que pensar.

Hay socios que, visto el maltrato recibido desde hace un año -primero con los precios abusivos para ir a Montjuic y luego, tras rebajarlos a la mitad, con las complicaciones y las incomodidades para el uso del abono en cada partido-, sospechan que la inacción y aparente torpeza para activar la dinámica de la puesta al día del censo por parte de la administración de la oficina de atención al barcelonista (OAB) esconde el propósito de rebajar el máximo posible el número de socios y, en consecuencia, liberar miles de asientos de cara al regreso al Spotify. Precisamente, la vicepresidenta institucional, Elena Fort, ya ha advertido que los socios con abono en el Lluís Companys tendrán preferencia a la hora de la reapertura parcial del estadio a partir de noviembre del año que viene. Ese colectivo, de poco más de 16.000 socios, ha adquirido de pronto una ventaja susceptible de ser interpretada de forma discriminatoria por el resto. Circunstancia que también añade a la elección de cada socio un motivo de reflexión más allá del puramente económico, pues fueron miles -la mayoría, en realidad- los que se acogieron a las sucesivas dispensas acordadas por el cierre el estadio en tiempos de covid.

Si a esta coyuntura se suma que la normativa del Seient Lliure inverso obliga a gastar el abono mediante el uso obligatorio -sea personal, por cesión a otro familiar o amigo o, finalmente, a través del sistema oficial de reventa del club-, otra parte de los abonados, los que pérfidamente seguían haciendo negocio con sus carnets, también se plantean dejarlo, entre otros motivos porque la demanda del visitante y del turista, aunque sigue siendo elevada, no está dispuesta a pagar las tarifas de la era Messi.

Un panorama que, en su conjunto, ha invitado a indolencia y a cierta desidia que no por detectada ha motivado una reacción de la junta para combatirla. Al contrario, si no es por el síndico del socio ya se habrían quedado fuera decenas de miles de socios. Ante la situación, además de la prórroga, el presidente Joan Laporta cumplió con el trámite de realizar un vídeo de llamamiento que tampoco no ha colapsado las redes ni los medios. No ha habido, para ser claros, una campaña institucional en condiciones.

Los socios que se queden fuera podrán, al día siguiente, volver a darse de alta, pues ahora no existe ningún impedimento ni límite para hacerlo. El problema de no haber procesado la identificación antes del 30 de noviembre es la pérdida formal de la condición de socio y, por tanto, de la antigüedad para votar antes de un año, para ser elegible como directivo o presidente sin cinco a diez años acreditados y, lo más grave, el derecho a seguir siendo abonado, que cesa de forma fulminante. De forma adicional, aunque pueda recuperar el carnet de socio solo lo podrá hacer con un número alto y deberá empezar de nuevo a la cuenta atrás para recibir, con el tiempo, las insignias de los 25, 50 o 75 años de socio.

Igualmente, según cuál sea el nivel de bajón del censo, quedará la duda sobre si, en la decisión última de cada cual, habrá pesado más el desconocimiento – o de la desinformación- de las consecuencias, la apatía o la desgana, la dificultad digital por la edad avanzada de una parte del colectivo, la reactividad al agravio por la gestión antisocial de propia junta, la falta de identificación con el laportismo en general o el desencanto actual por el mal juego que atraviesa el primer equipo.

Lo que sí es evidente es que, como ha quedado claro en la floja respuesta al traslado a Montjuic y en la bajísima participación de los compromisarios en la última asamblea, la junta ha conseguido anestesiar a la masa social, circunstancia agudizada por el absoluto control del aparato laportista sobre los colectivos que antes guerreaban por cada palmo de territorio en manos de Josep Maria Bartomeu y la aplicación de una política de bloqueo sistemático de los canales tradicionales a la voz y la participación de los socios, que definitivamente han perdido el entusiasmo y las ganas de interactuar. La prensa, en general, ha contribuido a esta situación obviando cualquier debate crítico o de fiscalización de la junta. El estado de sedación es tal que incluso si al cuerpo social la actualización del censo le extirpa, una buena porción el corte será indoloro.

Finalmente, el otro foco de la actualidad azulgrana ha recaído en las prácticas abusivas de Limak sobre sus trabajadores, que han provocado una inspección masiva de la autoridad laboral con el resultado, según algunas fuentes solventes, de evidencias sobre incumplimiento de los horarios de los contratos y el impago de las horas extras. El viernes pasado también trascendió que en la provincia de Barcelona un peón de construcción, por convenio, debería cobrar un mínimo de 14,4 euros la hora. Sin embargo, en las obras del Camp Nou cobran 6,5 euros, incluso por debajo del sueldo mínimo interprofesional (SMI), que es de 7,8 euros la hora.

A este escenario, que también ha generado un desapego y malestar entre los barcelonistas, el mismo medio que había destapado la explotación salarial en las obras de reconstrucción del estadio, El Periódico, ha aportado testimonios de trato racista. «No es solo que no nos paguen las horas extras, es que hay mucho racismo. Nos tratan muy mal, con desprecio. Los jefes son muy racistas», han publicado en boca de trabajadores que, aseguran, se refieren a ellos como «negro de mierda». También han denunciado actuaciones segregacionistas, negándoles el acceso a una parte de las instalaciones por su color de piel. «Alex, debido al trabajo que realizaba en las obras, debía entrar en una zona restringida a la que no todos los trabajadores tienen acceso. Lo hizo durante sus tres primeros días en el Camp Nou, pero, de repente, un jefe le dijo que ya no podía acceder más a ese lugar. «Los turcos nos dijeron que no querían negros, que los negros huelen mal… que nos fuéramos todos y que solo querían allí a gente blanca», cuenta a El Periódico«.

Suma y sigue de escándalos que, además de ofrecer al mundo la peor imagen del FC Barcelona, también están dañando por dentro la sensibilidad y el sentir de socios, que nunca habrían imaginado tal estado deterioro y de vergüenza, tan alejado e incompatible con una entidad que, además de su grandeza, es admirada en todo el planeta, o al menos lo era, por la integridad y defensa de sus valores.

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