Pedro Sánchez ha traicionado a los millones de catalanes que no comulgamos con la rueda de molino del proceso y de los pseudorreferéndums de los años 2014 y 2017, organizados por CDC (hoy Junts x Catalunya) y ERC. El pacto para la investidura que ha subscrito el líder del PSOE con estos dos partidos independentistas contempla la aprobación de una ley de amnistía para todos los involucrados judicialmente en estos traumáticos acontecimientos, que fragmentaron y confrontaron a la sociedad catalana.
Dicen que los perseguidos por la acción judicial contra el movimiento secesionista son 1.400 personas. Pero, a la hora de la verdad, solo se trata de una docena de “peces gordos”, que tienen importantes cuentas pendientes y que son los que promueven su blanqueamiento: Carles Puigdemont, Artur Mas, Marta Rovira, Lluís Salvadó, Josep Maria Jové, David Madí, Oriol Soler, Xavier Vendrell.., además de los CDR de la Operación Judas.
La amnistía, si antes no viene precedida de un perdón sincero por parte de sus beneficiarios por todo el mal que hicieron a la convivencia entre los catalanes, es una burla y un gravísimo error político. Los no independentistas somos mayoría en Cataluña, como han puesto de manifiesto los resultados de las últimas elecciones generales, en las cuales ERC, JxCat y la CUP solo sumaron el 27% de los votos, y ratifican las encuestas del Centro de Estudios de Opinión.
Los no independentistas somos transversales y es una simplificación insultante atribuirnos la condición de “constitucionalistas” o de “españolistas”. Yo, por ejemplo, soy republicano y, por lo tanto, soy contrario al régimen monárquico que estableció la Constitución del 1978. Tampoco me siento ni me considero “españolista”, puesto que creo que el nacionalismo -el que sea- es un veneno que intoxica la convivencia entre las personas y nos aboca, fatalmente, al desastre de la violencia y de la guerra, como hemos visto en la ex-Yugoslavia o vemos, en la actualidad, en Ucrania y en Palestina, por no hablar de la hecatombe de las dos guerras mundiales del siglo XX, provocadas por este virus diabólico.
Si Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, los principales responsables de la “performance” del 1-O, no piden públicamente perdón por el incendio que causaron a la convivencia entre los catalanes, yo me planto y digo “no” a la amnistía. Que sean juzgados los que todavía no lo han sido y que se les conceda el indulto “a posteriori”, como muestra de buena voluntad.
Cataluña está secuestrada, desde hace décadas, por una “mafia” supremacista con voluntad explícita de dominar el relato y de imponer su ley sectaria sobre el conjunto de la sociedad. Han manipulado la historia, intentan adoctrinar a los niños y a los jóvenes a través del sistema educativo, han convertido los medios de comunicación -públicos y privados- en una correa de transmisión de sus consignas, aplican una censura de plomo a los disidentes y mantienen una ley electoral que perjudica a la gran mayoría de la población, instaurando una tramposa hegemonía política en el Parlament.
Antes de las elecciones del 23-J, Pedro Sánchez explicitó su rotunda oposición a la amnistía de los dirigentes independentistas. También lo hizo, con la misma contundencia, el líder del PSC, Salvador Illa. No es lo mismo haber vivido/sufrido los años del proceso en Cataluña que en el resto de España. Los catalanes no independentistas nos hemos sentido amenazados y perseguidos por el discurso del odio desatado por los secesionistas para intentar amedrentarnos y acallarnos. Buena prueba de esto es la agresión física que sufrió quien era, en 2014, el primer secretario del PSC, Pere Navarro.
Si en las elecciones del 23-J, los socialistas catalanes obtuvieron un gran resultado fue, en primer lugar, para frenar un previsible Gobierno PP-Vox. Pero, también, porque marcaron una línea roja con la amnistía que reclamaban ERC y JxCat, hecho que daba tranquilidad a los no independentistas. Ahora, esta confianza ha sido burlada de manera escandalosa.
Cualquier comparación entre la amnistía del 1977 y la que se plantea ahora es una falacia. Los “cerebros” del procesismo son expertos en falsificar la historia y crear paralelismos absurdos. Entre la Cataluña del 1714 y la de hoy no hay nada que las asemeje. En cambio, nos han hecho tragar un relato -gracias a los enormes recursos públicos que tienen a su disposición- que pretende establecer una conexión directa.
Mitómanos empedernidos, ahora intentan hacer lo mismo con la amnistía. La del 1977 era una reivindicación sentida y asumida por la aplastante mayoría de la población y de las fuerzas políticas democráticas, ansiosas de enterrar la dictadura franquista. La de ahora, tal como la ha pactado el PSOE con ERC y JxCat, es un salvoconducto para continuar desestabilizando a la sociedad catalana con el “mantra” del referéndum de autodeterminación y las profecías de Alexandre Deulofeu.
Pedro Sánchez ha mercadeado con los 14 votos independentistas y nos quiere endilgar una amnistía que rechazan una parte mayoritaria de la población española y un gran número de catalanes. Esto es oportunismo político para mantenerse en el poder, aunque sea a expensas de renunciar a la clara promesa electoral de rechazarla.
Tendremos investidura, pero la legislatura que empieza será de una extrema fragilidad, puesto que se sustenta en intereses tan contrapuestos como los que representan JxCat y ERC, o PNV y Bildu, o Sumar y Podemos, o Podemos y PNV… La aprobación y la implementación de la ley de amnistía también será un campo de minas jurídicas que ya veremos cómo acaba.
El gran damnificado por la investidura de Pedro Sánchez será el PSC. La abrumadora victoria de los socialistas catalanes fue capital para que el líder del PSOE saliera “vivo” el 23-J y ahora Pedro Sánchez se lo paga con unos pactos humillantes que ningunean y desautorizan a Salvador Illa y lo alejan de la presidencia de la Generalitat. Hay miles de votantes del PSC que, ante la magnitud del engaño, lo castigarán, sin contemplaciones, en las urnas.
