Los pederastas siguen impunes bajo el ala protectora de la Iglesia

Por primera vez a la historia, España dispone de una investigación oficial y pública sobre la pederastia dentro de la Iglesia. Según el informe elaborado por el Defensor del Pueblo, la inactividad de la Iglesia ante este “grave problema social y de salud pública” ha impedido “no solo detectar, sino también prevenir los casos de abusos que habrían podido recibir una respuesta adecuada”. La gravedad del fenómeno se estima a escala numérica en más de 400.040 personas afectadas, según fuentes periodísticas. Pero el informe determina la gravedad del fenómeno, de acuerdo con tres elementos claves: “La intensidad del sufrimiento experimentado por las víctimas”; “la cantidad de personas afectadas”, y “la defraudación de la confianza depositada en una institución que ha tenido un poder y una autoridad moral innegables”.

El informe, realizado a instancia del Congreso de los Diputados, acaba con una opacidad histórica en nuestro país, pero “no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para que los legisladores hagan el trabajo que queda pendiente”, según manifiesta a EL TRIANGLE el presidente de la asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas. Su activismo contra la pederastia en el ámbito religioso se remonta en el año 2010, cuando su hijo fue víctima de abusos sexuales por parte de un miembro del Opus Dei en una escuela de Vizcaya. Los hechos quedaron demostrados en una sentencia firme del Tribunal Supremo, y todavía lucha para que otros jóvenes no sean víctimas de abusos sexuales y se repare el impacto devastador que ha tenido en sus vidas.

Para el exdiputado del PSOE, hay cuatro actuaciones esenciales a desarrollar. Es clave que las víctimas dispongan de “terapias psicológicas gratuitas dentro del sistema de salud pública” y que se garantice su protección cuando hacen la denuncia. “Muchas veces las personas no se sienten seguras por las experiencias que ven, y es importante garantizar su protección”. Otro eje relevante de actuación, para el activista y padre de una víctima de abusos, es que tienen que haber programas para fomentar su inserción laboral y su formación. “A causa de los hechos vividos, tienen bajas laborales y pierden sus puestos de trabajo por su estado emocional”, señala.

Un cuarto punto clave es ampliar hasta los 18 años la prueba preconstituida, que solo es obligatoria hasta los 14 años. Esta herramienta es muy útil para preservar el testigo de las víctimas y evitar la victimización secundaria. Según Juan Cuatrecasas, “hay casos en que se ha repetido el testigo hasta 35 veces en los juzgados, en la policía, ante psicólogos…, y esto provoca una doble victimización”.

Ante la existencia “de una gran evidencia del abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia”, como afirma el informe, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha afirmado que “no nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y de trabajar para su sanación”. A pesar del perdón pedido, pero, Omella niega las cifras dadas por los medios de comunicación, que se basen en datos publicados en el informe.

De acuerdo con la investigación, que recoge una encuesta a 8.000 personas, un 11,7% de los encuestados han estado víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia y, de estos, los casos cometidos dentro de la Iglesia son un 1,13%. Gran parte de las personas víctimas de abusos han tenido como agresores a personas laicas contratadas o vinculadas al entorno religioso, y una minoría de los delitos han sido cometidos por curas o religiosos católicos, según el informe. Para el portavoz y secretario general de la CEE, César García Magán, “no hay ningún obispo encausado, ni civilmente, ni penalmente ni por la vía canónica” y, por lo tanto, la Iglesia rechaza cualquier acusación de encubrimiento de estos delitos.

Todo lo contrario piensa Juan Cuatrecasas, que sostiene que “sí que hay pederastas en la Iglesia y que sus responsables han mirado hacia otro lado sin asumir el papel de actor principal en la denuncia”. Según afirma, “cuando se denunciaba se ponían mil pegas, y se buscaban justificaciones contrarias a la verdad. Ha quedado demostrado que la Iglesia ha encubierto, y hay mucha gente dentro de la Iglesia que ha ejercido el papel de pederastas y no se ha hecho nada para denunciarlo”. Una evidencia, para el exdiputado, es el caso de personas que no habían denunciado de jóvenes y han dado el paso al ver que “su pederasta continuaba dando clases en una escuela religiosa y familiares suyos seguían en contacto con estas personas. Esto los ha hecho salir a denunciar y luchar para poner fin al abuso”. Para Cuatrecasas, “la Iglesia tiene mucho trabajo a hacer y todavía no tiene los mecanismos para que no vuelva a pasar”.

Entre la veintena de recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, hay pocas relacionadas con los abusadores. Se pide a las diócesis y a los institutos de vida consagrada que “permitan el acceso de investigadores a la información de los archivos”, y que se haga una “revisión completa de aquellos donde se conserva documentación de la delicta graviora, expresión que se refiere a los delitos más graves contra los sacramentos. En ninguna parte se pide una actuación judicial proactiva contra los posibles abusadores todavía activos, si no activar programas de intervención psicológica para su tratamiento.