Sociedad Civil Catalana (SCC) se ha personado como acusación popular en la causa contra Tsunami Democràtic que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y que investiga a personas como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por terrorismo.
Los servicios jurídicos de la plataforma cívica consideran que los hechos podrían ser «perfectamente calificables» como actos de terrorismo. En la interlocutoria de García Castellón, que se ha publicado en medio de las negociaciones de la investidura del socialista Pedro Sánchez con los partidos independentistas, el juez ve indicios de terrorismo en las protestes post-sentencia de los líderes independentistas impulsadas por Tsunami Democràtic.
