Siempre resulta destacable el esfuerzo de la masa social del FC Barcelona en cualquier dirección o ámbito que tenga como finalidad mejorar la comunicación con la directiva, la interacción entre socios y el aporte de iniciativas y de propuestas a favor de una mayor participación y de revitalizar ese sentido democrático que tanto se ha degradado desde que Joan Laporta es presidente. Nada sorprendente de parte de alguien que ya había incumplido sistemáticamente en su primer mandato los juramentos de transparencia, mejores servicios y empatía con los derechos y necesidades de los propietarios del club. Ante el espectáculo franquista de la asamblea del sábado, los pocos socios sensibles y motivados que aún quedan se han topado con la cruda realidad de una actitud tan soberbia y distante que, tras enviar a la junta una carta planteando amablemente un formato mixto de convocatoria, telemática y presencial, y de recibir como respuesta una invitación para comentar la proposición en las oficinas, ni un solo directivo se presentó a la reunión, ni siquiera para saludarlos.
Jordi Medina, Joaquim Molins, Jaume Llopis, Josep Lidón, Josep Maria Mir y Lluís Sabatés, firmantes del burofax que además prometía beligerancia cero y sometimiento previo a su excelencia, fueron recibidos por una gama de ejecutivos en representación de diferentes áreas como Maribel Meléndez, del equipo financiero; Pere Lluís Mellado, el terrible jefe del área legal; Anna Aznar, del departamento social encargado del exterminio; Joan Sentelles, como sheriff del Espai Barça; y el compliance Sergi Atienza, siempre protector y condescendiente con las veleidades del poder. Más que empleados del club, pues antes se les suponía una elevada dignidad y sentido del servicio a los socios por parte de quienes tenían el honor y el privilegio de trabajar para el Barça, se diría que se han convertido en servidores exclusivamente de los intereses del presidente, que no siempre son coincidentes con los de la institución y de los socios.
Más dantesco aún que por parte de la junta, además de una ausencia cobarde y pusilánime, la orden fuera la de negarles la mayor, embaucarlos y convencerlos de las bondades de consolidar el formato de sala virtual de compromisarios, incluidas las limitaciones y manipulaciones de sus derechos fundamentales a opinar, preguntar, interpelar, debatir y votar en un clima de absoluta y abierta libertad. Por más servicial y atenta que fuera esta mediocre delegación de las responsabilidades directivas, enviar mensajeros serviles y representantes de la cultura del nepotismo que domina la vida del club sólo puede entenderse como un insulto y otra más que reprochable falta de respeto.
Una burla añadida fue la de Elena Fort, la vicepresidenta institucional que se había comprometido con los socios a perfeccionar y pulir unos estatutos que ella misma calificó de pesados y mejorables democráticamente con una reforma anunciada hace un año para antes de esta asamblea. Fort no atraviesa su mejor momento ni en el ámbito directivo ni socialmente por haber condescendido con la postura machista e impresentable de Laporta en la crisis Rubiales. Ahora se ha escondido una vez más, a imagen de su presidente, a la hora de dar la cara ante quienes sólo piden, o deberían exigir, el estricto cumplimiento de los estatutos, sobre todo de la más favorable y clara interpretación de la normativa del propio club y de sus costumbres de celebrar asambleas presenciales.
Además del presidente, ese que antes presumía de ser imbatible en el cara a cara con los socios, y de Elena Fort, seguramente avergonzada por liderar el ranking de incumplimientos, en esa cita debieron comparecer el vicepresidente del área social, si es que aún existe, el secretario Josep Cubells y el vicepresidente económico Eduard Romeu, este último para defender ese ridículo e incompetente argumento del ahorro como principal motivo para evitar la asamblea en el formato tradicional.
Hasta sería más creíble apelar a la covid, porque el virus aún circula por ahí, que parapetarse en una excusa sin sentido y ridícula. Hace dos años, en junio y en octubre de 2021, Laporta se gastó lo que hizo falta en la celebración de tres sesiones de asamblea presenciales, una en el Camp Nou al aire libre, luego doblete de la ordinaria en octubre: una en el Palau Blaugrana y otra en el Auditori 1899. Lo que costaron no fue objeto de discusión ni de debate, a pesar de cerrar unas cuentas con 481 millones de pérdidas -récord histórico y mundial- que, sin embargo, no fueron acompañadas de ningún plan de reajuste ni de ahorro. Era, según las propias palabras del presidente Laporta, cuando el Barça «estaba en la UCI».
Ahora, en cambio, se aferra a una situación económica «a la que le hemos dado la vuelta», como va repitiendo con petulancia el vicepresidente económico Eduard Romeu, que no se cansa de congratularse por haber obtenido las mejores ratios de ingreso de la historia moderna y de haber cerrado con 303 millones de beneficios tras haber dejado atrás lo peor y más oscuro de la herencia. Defender la parodia de una asamblea telemática por causa de la precariedad y el ahorro suena a otra tomadura de pelo propia del laportismo más evolucionado y bajuno.
Lo más triste quizás sea, después de todo, que además de ser ignorados y tratados como clientes por ejecutivos secundarios mientras la junta comiendo en Via Veneto, los mismos socios que pedían la asamblea mixta salieran de la reunión medio conformes y resignados a no luchar por una asamblea digna con una justificación todavía peor: para no parecer oposición ni ser confundidos con agitadores a los que, en el fondo, lo único que les mueve es una ambición electoralista. Este mismo colectivo, amalgamado y plural en principio, no lo es tanto cuando el socio Ignasi Payeras, por suscribir una denuncia a la comisión de disciplina por el escándalo de la financiación del Espai Barça, ha sido desterrado y aislado.
