Joan Laporta se ha tomado realmente en serio la promesa que se hizo a sí mismo y la determinación de no perder nunca más una votación en una asamblea de compromisarios. Lo decidió tras la doble sesión de la asamblea de octubre de 2021, tras verse obligado a realizar una pirueta en la primera convocatoria y, sobre el Espai Barça, a prometer un referéndum para ratificar la autorización para suscribir un crédito hasta un máximo de 1.500 millones. Pero lo que verdaderamente lo puso de malhumor fue perder por apenas unos votos su propuesta de enterrar la Confederación Mundial de Peñas.
Su absoluto desprecio y falta de respeto por las más elementales normas de democracia y de participación se han reflejado en que, desde aquel día, además de haber apostado por el formato telemático, también se ha pasado por el forro aquellos acuerdos asamblearios que se le torcieron por haber dejado en manos de los socios la libertad de decidir. A los pocos días, Laporta echó a las Peñas del club e incumplió sistemáticamente las obligaciones recogidas en el convenio con la Confederación de Peñas, a la que ha reducido a la nada, prácticamente. Como también es público, el crédito de 1.500 millones para el Espai Barça se ha negociado mezclando cajas. Es decir, destinando parte del préstamo a la asfixia de la situación ordinaria, dejando fuera del proyecto el Palau Blaugrana y el resto de los equipamientos.
Ahora, fuentes oficialistas próximas a la directiva apuntan a que la convocatoria de la asamblea ordinaria fijada para el 22 de octubre será, de nuevo, en formato telemático. La decisión suena a otra burla y menosprecio al socio, forzada por la necesidad imperiosa de Laporta de resolver asuntos tan destacados y claves como la aprobación de unas cuentas desalentadoras con casi 200 millones de pérdidas ordinarias y, pese al superávit anunciado de 304 millones, el desperdicio de los 600 millones ingresados en palancas, que se han gastado maquillar el fracaso de ese desequilibrio presupuestario y que no han evitado la presentación de avales personales de la junta para cerrar el mercado. Laporta necesita también, aunque no sabe del todo cómo plantearlo, que la asamblea modifique el aval de ese préstamo firmado con Goldman Sachs y una veintena de inversores por una cantidad de 1.500 millones, que sólo servirá, con suerte, para la reforma del Spotify, los gastos financieros, la prima de Limak y la resolución de líneas de crédito pendiente de amortizar precisamente con Goldman Sachs.
A menos de tres semanas para la celebración de la asamblea, ya se puede asegurar que todas las propuestas de la junta directiva saldrán adelante con el margen más o menos amplio que decida la propia junta. Eso será así gracias al dominio absoluto de ese formato telemático sobre el que no existe ningún tipo de control a la hora de dar acceso a sus participantes y, sobre todo, a la hora de participar, reduciendo las intervenciones de los presuntos compromisarios a preguntas enviadas con antelación y a ocasionales interpelaciones en directo descaradamente pactadas y preparadas. Sólo hablará, en definitiva, quien quiera la junta, de la misma forma que participarán aquellos socios que también decida invitar Laporta, no habiendo ningún sistema real, efectivo ni garantizado de identificación.
Laporta se escuda en que, con las cifras en la mano, las convocatorias telemáticas han registrado una mayor participación, entendiendo como tal el número de socios registrados en la sala virtual, dato que requiere un acto de fe por parte de todo el barcelonismo y de la prensa, si se tiene en cuenta que las elecciones realizadas con mecanismos digitales en otros ámbitos están siendo objeto de impugnaciones ante las evidencias de errores de todo tipo.
En las recientes elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona se adoptó una medida de seguridad extrema, de modo que sólo se podía hacer uso del voto telemático mediante un certificado electrónico calificado de firma electrónica, reforzado con el envío de un código por mensaje SMS en el momento de emitir el voto. Fue necesario recurrir a esta triple garantía ante las denuncias y reclamaciones por irregularidades demostradas en las anteriores elecciones. La candidatura ganadora de las elecciones de hace cuatro años fue esta vez la perdedora.
La estrategia de Laporta pasa, como siempre, por el atropello sistemático a la ley y a los estatutos, pues si persiste en su intención de realizar otra asamblea telemática corre el riesgo de que la totalidad de los acuerdos sea impugnada por algún socio.
El amparo legal para el formato telemático ya era discutible antes de que el 4 de julio pasado el Consejo de Ministros declarara, tres años después del comienzo de la pandemia de la covid-19, el fin de la crisis sanitaria y de las medidas extraordinarias acordadas para abordar esa situación de emergencia. La Generalitat decretó la posibilidad de la opción virtual por seguridad sanitaria y para no interrumpir el funcionamiento regular de los miles de clubs deportivos afectados en su momento por la prohibición de desplazarse y de evitar el contacto social.
Más allá de esa coyuntura y de esa justificación legalista, el caso es que Laporta había convocado sus dos asambleas, junio y octubre de 2021, en formato presencial cuando las circunstancias y las condiciones dictadas por los responsables de salud aún presentaban limitaciones en algunos aspectos. A partir de entonces, sin embargo, cuando ya habían decaído bastantes de esas restricciones fue cuando dio ese giro digital, impelido por la necesidad de eliminar cualquier tipo de obstrucción social en su camino.
La vía digital soluciona la incomodidad de celebrar asambleas aún más largas y tediosas de lo normal, aunque sobre todo esa insoportable -para Laporta- libertad de los socios de opinar, preguntar, interpelar y votar. La discrepancia y el debate ya no forman parte de la vida comunitaria azulgrana si es que queda algún resto.
Finalmente, el socio no es ajeno al hecho de que hace unos años, a propuesta de Víctor Font, se sometió al criterio de la asamblea la adopción estatuaria del voto telemático, que fue mayoritariamente rechazada. Que Laporta lo quiera imponer, pese a no estar aprobado y pese a que ya no existe el amparo legal para realizar una asamblea telemática, forma parte de su probada aversión a la cultura y tradición democrática del Barça y refuerza su firme convicción, indisimulada, de suprimir la participación de los socios en la vida y en la gestión del club. Un ensayo más camino de la SA.
