El Grupo de Periodistas Ramon Barnils, el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia y Mèdia.cat han puesto en marcha este jueves una campaña, con el apoyo europeo de Free Press Unlimited, titulada Prou Mentides Policials (Basta de Mentiras Policiales, en castellano). La campaña arranca con la presentación de una querella contra dos agentes de los Mossos d’Esquadra por acusación y denuncia falsa y también falso testimonio. Uno de los agentes mintió en los juicios del fotoperiodista Isidre Garcia Puntí y del periodista Jesús Rodríguez. Además, en este último procedimiento, el otro agente, sargento, corroboró esa versión de los hechos a sabiendas de que era falsa.
Aunque en este caso se ha conseguido interponer una querella, los grupos impulsores aseguran que «se pone en evidencia que es un hecho excepcional ante la opacidad y la dificultad a la hora de poder identificar y denunciar casos como este». Por eso han iniciado la campaña #ProuMentidesPolicials, para denunciar públicamente y visibilizar que estos dos casos no son únicos, sino que ejemplifican algunos de los obstáculos con que topan los profesionales de la información en el ejercicio de su trabajo.
Además de denunciar la represión y los impedimentos contra los periodistas mientras cubren protestas ciudadanas, la campaña quiere evidenciar la falta de mecanismos de control válidos y de rendición de cuentas, denunciando la desprotección de los periodistas en España. En este sentido, se señala directamente la presunción de veracidad de la que disfrutan los agentes policiales y se pone el foco en la obstrucción a periodistas durante el ejercicio de su trabajo. Unos obstáculos que se encuentran amparados, por ejemplo, por la Ley Mordaza.
El caso del Banco Expropiado
En cuanto a los dos casos que ahora llegan al juzgado, el comunicado asegura que los agentes mintieron sobre unos hechos que pasaron en 2016, durante el desalojo del Banco Expropiado, un centro social okupado del barrio de Gracia de Barcelona. La cuarta noche de manifestaciones, en una carga, un agente de los Mossos abandonó el cordón policial y agredió con el bastón policial al periodista Jesús Rodríguez, que cubría los hechos para La Directa.
En el hospital le diagnosticaron una lesión en la pierna y una fractura en el dedo de la mano y, según confirmó la sentencia de la Audiencia de Barcelona, la agresión fue gratuita y con un uso de la fuerza que no estaba justificado. El testigo de siete periodistas contradijo la versión del mosso y, en 2021, el antidisturbio fue condenado a dos años de prisión y dos años de inhabilitación, suspensión para el ejercicio de la actividad policial y a una indemnización de más de 7.000 euros.
En la misma actuación policial, a otro agente de la Brimo se le rompió el tendón de Aquiles. Un año y medio más tarde, en septiembre de 2017, el fotoperiodista Isidre Garcia Puntí fue acusado de tirar una valla contra el agente, provocándole la lesión. El letrado de la Generalitat de Cataluña, ejerciendo la acusación particular, pedía una condena de cuatro años de prisión y 69.000 euros de indemnización por los hechos. La sentencia firme del juzgado penal número 5 de Barcelona consideró probado que “se puede asegurar que (la valla) no fue cogida directamente por nadie ni lanzada contra nadie”, y concluyó que era más probable que la lesión se hubiera producido por la patología previa que ya tenía el lisiado. Tres años más tarde de los hechos, el fotoperiodista quedó absuelto.
En el juicio por las lesiones de Rodríguez (2021), el agente de Mossos declaró que aquel día un fotoperiodista lanzó una valla que le causó una lesión en el tendón de Aquiles sabiendo que había una sentencia absolutoria firme para Garcia Puntí. En el juicio también declaró un sargento que confirmó estos hechos, los cuales quedaban rotundamente descartados en la sentencia del caso de Garcia Puntí. Las imágenes grabadas por periodistas en el desalojo del Banco Expropiado fueron clave para demostrar la inocencia del fotoperiodista y para sacar adelante la acusación contra el agente que lesionó a Rodríguez.
