ERC y Junts pactan no investir a Sánchez si no acepta dar pasos hacia un referéndum

El independentismo acuerda un texto sobre la amnistía donde pide que se incluya a los represaliados "por motivos políticos"

Debat de política general

ERC y Junts per Catalunya han encontrado un consenso sobre la autodeterminación a última hora. Tras haber pedido una prórroga de media hora a la Mesa del Parlamento, ambos grupos han pactado y registrado una transacción que reclama a los partidos catalanes en Madrid no apoyar una investidura de un gobierno español «que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”.

Ambos partidos y la CUP también han acordado otro texto sobre la ley de amnistía. Sitúan como punto de partida la proposición que presentaron los partidos independentistas en el Congreso en el 2020 y que fue inadmitida a trámite por la Mesa. Ambos textos serán aprobados por la Cámara este viernes.

La resolución sobre la autodeterminación pactada entre ERC y Junts «manifiesta que la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español pasa por la vía política y democrática». Por eso sostienen que «el mandato que salió del referéndum del Primero de Octubre de 2017 podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el estado».

En este sentido, se insta al Govern «a realizar todas las acciones oportunas para hacerlo realidad» y también consensúan «no apoyar una investidura» de ningún presidente español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum».

En cuanto a la amnistía, que también ha sumado la CUP a la transacción, el texto defiende la «necesidad» de una ley de amnistía que incluya a «todas las personas represaliadas por motivos políticos en esta causa y en defensa de derechos y libertades en el contexto de conflicto social y político con España”. Fuentes de ERC y la CUP sostienen que esto deja fuera otros casos como el de Laura Borràs.

La resolución transaccionada insta al Govern y a las instituciones catalanas a «sumarse al esfuerzo colectivo por la aprobación de esta ley y a realizar un seguimiento proactivo de su aplicación de forma inmediata». Sitúan el punto de partida en la proposición que ya registraron los partidos independentistas en el Congreso, que fue inadmitida a trámite por la Mesa en el 2021.

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