El juez imputa al Barça por un delito de cohecho

Sería un tribunal popular el que decidiera si los imputados son inocentes o culpables

El exvicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira

El juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Negreira, ha emitido un auto en el que acusa al FC Barcelona, los expresidentes del club Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, y otros investigados de cometer un delito de cohecho,  al considerar que la Federación Española de Fútbol (RFEF) de la que depende el Comité Técnico de Árbitros (CTA) es una entidad privada que desempeña funciones de naturaleza pública. Así lo ha informado El Periódico, que ha tenido acceso a dicho auto y dice que el juez sostiene que José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA, «ejercía funciones públicas» y lo equipara a un funcionario a efectos penales. El proceso se tramitará por la ley del jurado, y sería un tribunal popular el que decidiera si los imputados son inocentes o culpables.

En su auto, el juez destaca que Enríquez Negreira recibió más de siete millones de euros a lo largo de 18 años, a través de empresas propias o de su hijo, y ha argumentado que el club azulgrana dejó de pagarle cuando cesó en su cargo de vicepresidente del comité técnico, lo que entrevé una posible conexión entre los pagos y su cargo en el CTA.

El juez Aguirre también enfatiza que la RFEF tiene un carácter de persona jurídico-pública debido a su papel en la regulación de las competiciones de fútbol. En consecuencia, atribuye el delito de  cohecho a cualquier persona que «participe en el ejercicio de la función pública», lo que incluye no solo a funcionarios públicos, sino a cualquier persona que efectivamente desempeñe una función pública. Se diferencia entre cohecho pasivo (Enríquez Negreira y su hijo) y cohecho activo, imputado al FC Barcelona y otros involucrados.

Asimismo, el juez recalca que, a su parecer, «no estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares». El cohecho solo exige que se demuestre que un funcionario o autoridad pública ha solicitado dinero, regalos, favores o alguna compensación para tomar una decisión injusta en sus competencias.

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