El Ayuntamiento de Lloret de Mar está trabajando para definir el tramo público que afecta a Can Juncadella para abrirlo a la ciudadanía después de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pusiera fin a una década de litigios entre el consistorio y la propiedad de la finca.
El TSJC ha confirmado este verano la titularidad pública del camino y el Ayuntamiento y ya ha mantenido conversaciones con distintos colectivos y la propiedad. El objetivo municipal es diseñar «rápidamente un trazado viable, seguro y accesible», recoge la ACN.
En este sentido, desde el consistorio dicen que la resolución judicial «reconoce la existencia de dominio público, pero no fija un trazado específico y, por tanto, la propuesta que haremos deberá recibir el acuerdo técnico y el visto bueno de la Generalitat y el Ministerio».
La propiedad ya ha trasladado al Ayuntamiento su predisposición a trabajar conjuntamente para asegurar una rápida solución que garantice la protección del entorno natural, la seguridad de la ciudadanía, un adecuado mantenimiento y la conservación del espacio.
El TSJC ratificó en julio la sentencia de la Audiencia de Girona de marzo e inadmitió el recurso de casación interpuesto por la propiedad de la finca.
