El apartado dedicado a Transparencia del portal de la web del Consell de la República Catalana ya no existe. Los primeros años de funcionamiento de este portal (consellrepublica.cat) contaba con una sección específica en la que se daban algunos datos de sus ingresos y gastos. Los últimos que se ofrecieron correspondían al ejercicio del año 2020. No eran muy útiles porque no eran cantidades concretas sino porcentajes de cómo se había gastado el dinero recibido por el organismo que preside Carles Puigdemont. En ese ejercicio, el Consell de la República Catalana reconoció que dos de cada cinco euros ingresados por el organismo por los socios y empresas colaboradoras se habían dedicado a «mantenimiento de la estructura en el exilio».
Durante un tiempo esta información se mantuvo en la web del Consell, pero finalmente ha dejado de ser accesible. Hace tres años, pues, que ni siquiera se hace público como se reparte porcentualmente el dinero que gestiona este organismo. Dos empresas gestionan ese dinero. Son CAT Global y CATCIP (Cataluña, Cultura y Progreso). Sergi Miquel es el delegado por la gestión ordinaria de estas dos empresas, registradas en Bélgica, por lo que no tienen la obligación de rendir cuentas ante la administración española. En la asamblea general ordinaria de estas sociedades del pasado año se aprobó que Sergi Miquel pueda realizar operaciones financieras de hasta 100.000 euros sin tener que pedir autorización al resto de directivos. Hasta entonces esa cantidad máxima era de 30.000 euros. Sergi Miquel es, además, el director de la Casa de la República, palacete en el que vive Puigdemont en la localidad belga de Waterloo y donde también están domiciliadas las dos sociedades mencionadas.
Las actuaciones del Consell de la República deberían estar fiscalizadas desde hace dos años por la Asamblea de Representantes. Puigdemont anunció el pasado 28 de agosto a los miembros de esta suerte de Parlamento alternativo al del Parque de la Ciudadela que quedaba disuelto. La Asamblea de Representantes fue elegida en octubre del 2021 y supuso un gran espectáculo mediático, donde no faltaron las rencillas y quejas por parte de algunos de los candidatos a formar parte del mismo que no accedieron al cargo. Se tenía que renovar el próximo mes porque su mandato era de dos años, un plazo que no llegará a agotar.
El 18 de septiembre del pasado año, esta Asamblea de Representantes aprobó un “Código General del Consell de la República Catalana” que incluía un “Código de Ética, Disciplina y Transparencia del Consell” y también una “Sindicatura de Ética , Disciplina y Transparencia”. El artículo 701 del Código General determina que “las cuentas y finanzas del Consell de la República son sometidas a seguimiento, valoración y control de una comisión mixta de miembros de la Asamblea de Representantes y del Gobierno que se reúne trimestralmente”. A principio de cada semestre, en los meses de enero y julio, esta comisión debería elevar al Pleno de la Asamblea de Representantes un informe de evaluación de las cuentas del Consell. Según el Código General, «la información y las deliberaciones de la comisión tienen carácter reservado». El secretismo del trabajo de la comisión y el de la Asamblea de Parlamentarios sumados a la eliminación del apartado de “transparencia” del Consell de la República hacen que el organismo presidido por Puigdemont sea, hoy, más opaco que nunca.
