La comisión de investigación del caso conocido como CatalanGate en el Parlament de Catalunya ha comportado el desprestigio de este tipo de comités en la Cámara Catalana. No se ha tratado de una herramienta parlamentaria para investigar a fondo qué había de cierto en el supuesto espionaje en los teléfonos y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya denunciadas por el colectivo canadiense Citizen Lab sino de hacer propaganda de la campaña independentista que ha acompañado esta denuncia, desde que se produjo, el 18 de abril del pasado año.
El 10 de mayo, menos de dos meses después de la publicación del CatalanGate en la web de Citizen Lab, la Mesa del Parlament aprobó la creación de una comisión de investigación bajo el rimbombante encargo de analizar “el espionaje de representantes políticos, activistas, periodistas y sus familiares por parte del Reino de España con los programas Pegasus y Candiru”. El nombre de la comisión dejaba ya claro una de sus conclusiones: que el espionaje no era supuesto y que el responsable era el Reino de España. La solicitaron ERC, Junts, la CUP y los comunes, aunque este último grupo ha estado permanentemente marginado de los acuerdos y decisiones adoptados por los tres grupos independentistas.
Desde el acuerdo de la creación de la comisión hasta la celebración de su primera sesión pasaron cuatro meses y medio. El primer encuentro fue sólo para elegir a la presidenta de la comisión, cargo que recayó en Meritxell Serret. Un mes y medio después se celebró la segunda sesión, convocada simplemente para sustituir a Meritxell Serret, que había sido nombrada consejera de Acción Exterior, por Josep Maria Jové. La tercera sesión se celebró el 20 de enero. Es decir, que desde la aprobación de la creación de la comisión hasta su primera sesión de trabajo pasaron 8 meses. Las dos sesiones celebradas en ese tiempo duraron un total de 24 minutos.
La primera sesión de comparecencias tuvo lugar el 20 de enero y se celebró sin que se hubiera aprobado antes quiénes serían los que intervendrían en ella. Se trataba de tres abogados por personas supuestamente espiados: Gonzalo Boye, Andreu van den Eynde y Benet Salellas. Boye, además, se permitió el lujo de advertir a los diputados persentes que tenía prisa y que no se quedaría hasta el final de la sesión. Los diputados socialistas abandonaron la sala. Los de Ciudadanos y el PP ya no estaban en ella porque consideraban que la comisión era “un circo propagandístico”. Tenían razón. Ninguna comisión de investigación del Parlament de Catalunya ha tenido hasta ahora un funcionamiento tan sectario y desinteresado en ir al fondo del asunto por el que se creó.
El rodillo independentista se ha negado a que comparezcan en la comisión los expertos nacionales e internacionales que han puesto en duda el rigor de la investigación bautizada como CatalanGate por Citizen Lab. En los 15 meses transcurridos desde la aprobación de la creación de la comisión no ha comparecido ninguna voz contraria a los intereses de sus promotores. Y si un compareciente se mostraba incómodo ante alguna pregunta de los grupos opositores, el presidente de la Comisión salía en su defensa. Jové, por ejemplo, prohibió que se preguntara a Elies Campo, el independentista que coordinó la elaboración del CatalanGate, qué relación tuvo con el Tsunami Democràtic. La trama rusa del procés tampoco ha podido ser analizada en la comisión como posible justificación del supuesto espionaje.
Quienes sí ha desfilado por el Parlament han sido el anterior Síndic Greuges, Rafael Ribó, Elies Campo, José Navarro, un perito informático que ha colaborado con Citizen Lab y los independentistas implicados en este asunto, los presidentes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, Xavier Antich y Dolors Feliu, y dos miembros del colectivo Irídia y de la comisión de defensa de los derechos de la persona del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Si el Congreso de los Diputados crea una comisión de investigación de este caso, tal y como piden los grupos independentistas en la negociación para apoyar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español, es evidente que su funcionamiento deberá ser más riguroso y adecuado a la dinámica de una democracia parlamentaria. El paseo triunfal para las tesis independentistas que ha supuesto el simulacro de comisión de investigación del Parlament de Catalunya no podrá repetirse en el Congreso de los Diputados.
