La resolución de la Secretaría de Vivienda de la Generalitat que propone limitar el precio de los alquileres en municipios considerados zonas tensionadas ha recibido alegaciones en contra por parte de siete entidades del sector de la promoción y administración de viviendas, difunde Europa Press.
En concreto, han alegado un incumplimiento del procedimiento establecido por la ley catalana de vivienda, que, según argumentan, exige que el control del precio de los alquileres sea la única medida para reducir desequilibrios entre oferta y demanda en cada municipio.
Asimismo, indican que la Generalitat no ha elaborado una memoria justificativa para ninguno de los 140 municipios afectados y que no ha contemplado un plan específico con medidas para corregir el desequilibrio entre oferta y demanda.
Por otro lado, el sector inmobiliario considera que la selección de los indicadores para la declaración de zonas tensionadas es «sesgada» y no encaja con la definición de la ley de vivienda, añade la misma información.
Las entidades que han presentado estas alegaciones son la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, el Col·legi d’Administracions de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya y el Consell de Cambres de Catalunya.
