El gobierno de la Generalitat ha decidido asumir la defensa del exconsejero de Cultura Santi Vila en la causa de Sigena a petición de él mismo. Según ha avanzado el diario Ara y ha confirmado la ACN, fuentes de la Presidencia aseguran que también se le ofrecerá al diputado y exconsejero Lluís Puig, que hasta ahora no lo ha pedido. Vila tiene pendiente un juicio por no haber dado 44 obras del Museo de Lleida al monasterio de Sigena hace casi seis años, a pesar de que había un requerimiento judicial que le ordenaba hacerlo.
Según fuentes del Departamento de la Presidencia, desde que Pere Aragonès ha llegado a la Presidencia, la directriz a los servicios jurídicos es que defiendan a los altos cargos actuales o pasados que tengan que hacer frente a «responsabilidades patrimoniales» por actuaciones en el ejercicio de su cargo. Según fuentes del departamento, en esta legislatura el gobierno catalán ha actuado de mutuo propio en los casos actuales y ponen de ejemplo que se ha ofrecido asumir la defensa a los cargos y exaltos cargos afectados por el espionaje de Pegasus.
En cambio, para los casos de pasadas legislaturas, la directriz a los servicios jurídicos es que son los afectados quienes lo tienen que pedir y entonces la Generalitat analizará cada caso. Un requisito es que los exaltos cargos tengan que hacer frente a «responsabilidades patrimoniales». En el caso de las personas investigadas por el 1-O, las mismas fuentes señalan que el gobierno catalán no puede asumir la defensa puesto que, en estos casos, pueden ser encausados por un delito de malversación y, según la justicia, la Generalitat es entonces parte perjudicada.
