Hace días que Cristóbal Martell, el abogado estrella de la sociedad civil catalana con problemas penales, se dio rápidamente a la fuga del caso Negreira porque estar al servicio de alguien como Joan Laporta es algo insufrible y, sobre todo, ingobernable. En pocos días, Laporta pasó de apostar por una estrategia de defensa conjunta entre las partes investigadas -el FC Barcelona como persona jurídica, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau y Albert Solé- a enviar un escrito a la magistrada y a la Fiscalía Anticorrupción con la pretensión de que el club pudiera presentarse como acusación por ser parte perjudicada en el caso de que las actuaciones indiciarias de delito desde 2010, bajo las presidencias de Rosell y de Bartomeu, acabaran en una condena y se desprendiera de ellas un perjuicio al patrimonio del club.
Antes de ese cambio de estrategia, Joan Laporta ya se había metido varias veces en un barrizal con sus declaraciones esporádicas y puntuales, admitiendo los pagos, su justificación por los servicios prestados y la absoluta certeza de que no se había infringido la legalidad. Laporta, al principio, no tenía claro que fuera a escapar indemne de cerco judicial propiciado por las investigaciones de Hacienda, siendo consciente que fue él, como presidente del Barça en 2005, quien cronificó los pagos y estableció una retribución por encima del medio millón por unos servicios inmaterializados y con una tarifa a años luz del precio de mercado por los teóricos informes de José María Enríquez Negreira.
La mayoría de los entrenadores desde esa época ya han dejado muy claro que o bien desconocían la existencia de dichos informes técnicos o bien los tiraron a la papelera porque eran del todo inútiles, vulgares e innecesarios.
Cuando Laporta tuvo certeza que su etapa quedaba fuera de la investigación, debido en parte a que algunos de los presuntos delitos habían prescrito, y a que el de corrupción deportiva aún no estaba tipificado antes de 2010, fue cuando decidió focalizar el posible juicio contra las figuras de los expresidentes, incluida la posibilidad de reclamarles daños y perjuicios en caso de condena.
Cristóbal Martell, además, comprobó cómo las gasta Laporta, bravucón e incontenible, en la rueda de prensa de defensa del caso Negreira, que finalmente no ha servido más que para acumular elementos acusatorios contra el propio club azulgrana.
La Fiscalía ya se mostró contraria a la petición del Barça de personarse como perjudicado y ahora ha sido la jueza Silvia López Mejía, rotunda, quien ha dejado fuera de la instrucción esta ocurrencia en base, precisamente, a los argumentos vertidos por el propio Laporta en aquella confusa, tardía y desafortunada comparecencia. En su escrito denegatorio, la jueza le recuerda al presidente lo que aseguró sobre los servicios de asesoramiento y su defensa: que fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y que fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del club. Afirmaciones que, en su conjunto, indican que no hubo perjuicio alguno. Al menos así lo establece también la magistrada, añadiendo que en el informe interno del propio club, en sus conclusiones preliminares, no se indicaba «la existencia de daño patrimonial».
O bien la estrategia inicial estuvo marcada por la precipitación o bien se trata, como se sospecha, de uno más de esos giros de capricho de Laporta y de su no menos iluminado jefe del área legal, Pere Lluís Mellado, junto a esa atropellada y ociosa tropa de asesores del presidente.
La reacción de la magistrada, que además ha solicitado la ampliación a otro mes del secreto de sumario, parece la de alguien que parece haberse puesto aún más seria, añadiendo a esa intransigencia la demanda de un montón de material, entre el que se incluyen muy especialmente los 629 informes, los 43 CDS y los otros cuatro informes a los que se aludió el presidente en su comparecencia del 17 de abril. O sea, el contenido de esas cajas exhibidas en la misma cuando afirmó, equívoca y falsamente, que ahí estaban las pruebas documentales que justificaban los pagos de su etapa como presidente. Luego hubo de rectificar y aclarar que los de su época se habían borrado porque en el club es costumbre destruir la documentación con más de cinco años de antigüedad.
Lo que Laporta había mostrado, en definitiva, fueron los informes realizados por el hijo de Negreira en la etapa de Bartomeu porque, como es sabido y notorio, los informes de Negreira padre eran verbales y, por tanto, irrecuperables en cualquier formato, además de injustificables.
La jueza ha añadido en sus peticiones la relación completa de cargos, organigrama y funciones de las diferentes administraciones del club azulgrana, incluidos los compliances y los miembros con responsabilidad en el staff técnico, de los últimos años: Directores Generales, CEOs, Directores Ejecutivos y Directores Financieros, Entrenadores, Secretarios y Directores Técnicos, así como cualquier otro cargo con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados del club. Pone también el foco en las personas con capacidad para adoptar decisiones de relevancia y ha pedido comprobar qué despacho externo elaboró el informe contratado por el FCB y conocer el lugar exacto en el que se custodiaba la documentación que se enseñó a los medios.
Como si no estuviera del todo satisfecha con la colaboración mostrada hasta ahora por la directiva azulgrana, ha apremiado a la designación de un interlocutor a través del cual pueda hacerse más fluida, efectiva y rápida la entrega de dicha documentación y la ejecución de las diligencias pertinentes. La jueza quiere hacerse una composición muy clara del funcionamiento del club, de sus estructuras y de las personas u órganos de decisión de determinadas parcelas.
Igualmente, del funcionamiento del Colegio de Árbitros, Comités y Comisiones, muy especialmente del grado de influencia de Enríquez Negreira en el proceso de los ascensos y descensos de los árbitros entre Primera y Segunda División, una función que teóricamente entraba entre sus atribuciones, habrá que ver si en un porcentaje elevado o bien como una parte de la cadena de gobierno interna de los colegiados.
La amplitud de sus diligencias se extiende al ámbito fiscal y patrimonial de Negreira y de su entorno familiar y profesional a través de la Tesorería de la Seguridad Social, así como a un repaso y aclaración de las cantidades declaradas, tanto por el FCB como por las sociedades de los Negreira, tras detectar que no cuadran del todo en el informe tributario emitido en marzo de 2022. «La AEAT deberá designar un representante a fin de prestar el oportuno auxilio judicial tanto a este Juzgado de Instrucción como a la Unidad de Investigación policial, de conformidad con el deber de colaboración con los órganos judiciales», ha pedido.
La impresión es que ahondará ciertamente en todos los detalles de una relación entre el FC Barcelona y el clan Negreira que, en su avance, sigue despertando dudas sobre la verdadera razón de los pagos y el misterio de su destino de final, dándose por cierto y demostrado que el precio pagado por los servicios eran tan abusivos como injustificados a la vista del material recibido por el club.
